La crisis de Nueva EPS amenaza con dejar nuevamente sin cabeza a la entidad. Roberto Solano Navarra solicitó su retiro como agente interventor, menos de dos meses después de asumir el cargo, en medio de una emergencia financiera y judicial que sigue agravando la situación de millones de pacientes. Su salida estaría relacionada con la presión de miles de acciones judiciales por incumplimientos en la prestación de servicios de salud. La entidad enfrenta más de 1.500 incidentes de desacato, mientras se reportan cerca de 161.000 tutelas pendientes de respuesta. El funcionario también habría enfrentado una orden de arresto por el incumplimiento de un fallo judicial. El panorama financiero tampoco ofrece alivio. Nueva EPS acumularía pasivos superiores a los 22 billones de pesos y deudas con hospitales y clínicas cercanas a los 13,2 billones, una situación que compromete la atención médica, la entrega de medicamentos y el acceso oportuno a tratamientos. La entidad fue intervenida durante el gobierno de Gustavo Petro y pasó por varios agentes interventores sin lograr superar su crisis. Los reiterados cambios administrativos abren interrogantes sobre los resultados de la intervención estatal y la responsabilidad de los organismos encargados de ejercer vigilancia y control. La eventual salida de Solano Navarra plantea un desafío para el Gobierno: encontrar un nuevo responsable dispuesto a asumir una entidad financieramente asfixiada, sometida a una creciente presión judicial y con miles de pacientes esperando soluciones. El problema ya no parece limitarse a quién dirige Nueva EPS, sino a quién responderá por el deterioro de una entidad cuya crisis sigue golpeando directamente a los usuarios del sistema de salud.

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