Agmeth Escaf: más escándalos que resultados

El presentador Agmeth Escaf llegó al Congreso con la fama de la televisión, pero la fama no hace leyes, no construye hospitales y mucho menos resuelve los problemas de un departamento. Después de cuatro años como representante a la Cámara por el Atlántico, su nombre vuelve a ocupar titulares. Esta vez no por una gran iniciativa legislativa, sino por una demanda que podría costarle su investidura como congresista. Su pobre desempeño, primero como representante a la Cámara y ahora como senador, plantea un problema más amplio: ¿qué tan rigurosamente escogió el Pacto Histórico a las personas que llevó al Congreso? Porque una cosa es tener reconocimiento público y otra muy distinta es tener la preparación, el conocimiento y la capacidad para representar a millones de ciudadanos. Escaf llegó a la Cámara en 2022 con el respaldo del petrismo. Durante su periodo, una de sus iniciativas más conocidas estuvo relacionada con el reconocimiento de Luruaco como referente de la arepa de huevo. Una propuesta de valor cultural, sin duda, pero insuficiente como principal carta de presentación de un congresista elegido por un departamento con graves necesidades de infraestructura, empleo, seguridad y servicios públicos. El problema no es la arepa de huevo. El problema es el contraste entre las necesidades del Atlántico y los resultados que un representante puede mostrarles a sus electores. Y ahora llega el episodio más delicado de su carrera política. Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, señaló a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, por presuntas presiones e intervenciones en entidades como el ICBF, el Departamento Administrativo de la Presidencia y ProColombia. Las declaraciones provocaron una demanda de pérdida de investidura presentada por el veedor Juan Carlos Calderón España ante el Consejo de Estado. Se invoca una causal constitucional por presunto tráfico de influencias. Escaf niega las acusaciones y ha anunciado que ejercerá su defensa. Por ahora, no existe una decisión judicial que demuestre su responsabilidad. Pero hay dos asuntos distintos que merecen atención. Uno es la responsabilidad jurídica de Escaf, que deberán resolver los magistrados. Otro es el balance político de su paso por el Congreso y la responsabilidad del Pacto Histórico al seleccionar sus candidatos. Un partido que aspira a ser gobierno nuevamente, tiene que responder por las credenciales de quienes presenta a los ciudadanos. El respaldo electoral no sustituye la preparación, y la popularidad tampoco garantiza resultados. La verdadera medida de un congresista no es cuántas veces aparece en televisión ni cuántos titulares consigue. Es qué hizo con los cuatro años que los ciudadanos le confiaron, qué iniciativas logró sacar adelante y qué beneficios concretos dejó para su región. Escaf tiene derecho a defenderse de las acusaciones. Los ciudadanos tienen el mismo derecho a exigirle cuentas por su gestión, porque una curul no es un premio a la fama. Es una responsabilidad con quienes votaron para tener representación, no simplemente un rostro conocido ocupando una silla. Y es que en política, nada es casualidad.