Una denuncia presentada ante la Fiscalía advierte que el inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Retiro, tendría un valor cercano a los $20.000 millones. La operación se realizó en medio de cuestionamientos por el precio de adjudicación, el tiempo de la convocatoria y las condiciones jurídicas del bien. La venta de un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ubicado en uno de los sectores comerciales más exclusivos de Bogotá, quedó bajo cuestionamiento tras una denuncia que solicita investigar las condiciones en las que se realizó la operación durante la administración de Amelia Pérez Parra al frente de la entidad. El predio, situado en la carrera 12 n.º 82-61, en el sector de El Retiro, fue adjudicado a la empresa Promotora Costa Verde S. A. S. por $7.600 millones. Sin embargo, según los argumentos expuestos en la denuncia, su valor podría rondar los $20.000 millones, lo que representaría una diferencia de $12.400 millones. La queja fue presentada por el abogado Carlos Alfredo Real, apoderado de Édgar Beltrán Álvarez, representante de Beltranico S. A. S. El documento solicita a la Fiscalía General de la Nación examinar el procedimiento de enajenación, los criterios utilizados para establecer el precio y las decisiones administrativas que permitieron concretar la venta.
Una convocatoria de apenas 31 horas Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el tiempo habilitado para presentar ofertas. De acuerdo con el acta de Activos por Colombia, la convocatoria se abrió el 30 de septiembre de 2025, a las 10:00 a. m., y cerró el 1.º de octubre, a las 5:00 p. m. En total, los interesados dispusieron de aproximadamente 31 horas para participar en el proceso. Durante ese periodo se registraron dos propuestas: una de Inversiones Nueva Vida 1 S. A. S., por $7.363.320.000, y otra de Promotora Costa Verde S. A. S., por $7.600 millones, que finalmente resultó ganadora. La denuncia también señala que la oferta adjudicataria quedó registrada a las 4:59:57 p. m. del día de cierre, prácticamente al finalizar el plazo establecido. Estos elementos llevaron al denunciante a solicitar que se verifique si la convocatoria garantizó suficiente publicidad y condiciones adecuadas de competencia. Asimismo, pide establecer qué avalúo se utilizó para fijar el precio y cuáles fueron los estudios de mercado que respaldaron la decisión.
Dudas sobre la enajenación temprana Otro punto central de la denuncia tiene que ver con la situación jurídica del inmueble. Según el documento, el predio estaba sometido a un proceso de extinción de dominio que no contaba con una decisión judicial definitiva. El denunciante cuestiona, además, si el bien cumplía las condiciones legales necesarias para acogerse a la figura de enajenación temprana, mecanismo que permite vender determinados activos antes de que concluya el proceso judicial, siempre que se configuren los supuestos previstos en la normativa aplicable. Entre las circunstancias contempladas para recurrir a este mecanismo se encuentran el riesgo de pérdida o deterioro del bien, los costos de administración desproporcionados y otras situaciones específicas establecidas por la ley. La inclusión del inmueble en el proceso de venta quedó consignada en la Resolución 818 del 4 de octubre de 2024, firmada durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. El documento incorporó el predio en un grupo de 32 inmuebles urbanos destinados a enajenación temprana. La denuncia solicita que se establezca si la decisión estuvo debidamente sustentada y si se cumplieron los requisitos exigidos para disponer del activo.
Solicitan investigar posibles irregularidades El abogado pidió a la Fiscalía examinar la actuación de Amelia Pérez Parra, quien dirigía la SAE durante la operación, así como la intervención de Antonio Mauricio Román, quien suscribió la promesa de compraventa en representación de la entidad. Entre las hipótesis que solicita evaluar figuran posibles conductas relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estas menciones corresponden a los señalamientos incluidos en la denuncia y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal. Por su parte, la SAE informó que su actual administración está revisando la transacción. El medio que publicó inicialmente la información señaló que intentó comunicarse con Amelia Pérez, pero no logró establecer contacto. El inmueble está en remodelación Actualmente, el predio se encuentra ocupado y en proceso de adecuación para el posible funcionamiento de una marca de lujo. La situación plantea interrogantes sobre el estado jurídico del inmueble y las consecuencias que podría tener una eventual determinación de las autoridades sobre la legalidad de la operación. Será la Fiscalía la encargada de establecer si existen elementos para avanzar en una investigación y determinar si durante la venta se presentaron irregularidades. Hasta que se produzca una decisión de las autoridades competentes, los señalamientos deberán entenderse como hechos materia de verificación.
