Gobierno revisará ocho decretos laborales expedidos durante la administración Petro

El Ministerio del Trabajo puso a consideración pública ocho proyectos de decreto que buscan modificar o derogar disposiciones laborales expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa abre un nuevo debate sobre el alcance de la reglamentación laboral y sus efectos para trabajadores, sindicatos y empleadores. Los borradores fueron publicados el 16 de octubre y recibirán observaciones hasta el próximo 9 de noviembre. Una vez concluya esta etapa, la cartera laboral, encabezada por Natalia López, definirá cuáles serán los ajustes definitivos. El Ministerio sostiene que la revisión no pretende eliminar derechos laborales, sino adecuar las normas a las competencias del Gobierno y evitar que los decretos establezcan obligaciones o sanciones que no tengan respaldo legal. La entidad también señaló que algunas disposiciones presentan dificultades jurídicas y que varias han sido demandadas ante el Consejo de Estado. Los principales cambios propuestos Uno de los puntos centrales es la posible derogatoria del Decreto 581 de 2026, relacionado con la contratación de trabajadores mediante terceros para desarrollar actividades permanentes en las empresas. Según el Ministerio, la norma habría establecido multas superiores a las autorizadas por la ley y reproducido disposiciones previamente anuladas por el Consejo de Estado. La eventual derogatoria no implicaría que la tercerización ilegal deje de estar prohibida. Otro de los ajustes se relaciona con los pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. El proyecto plantea derogar el Decreto 992 de 2026, por lo que el procedimiento volvería a regirse por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Se mantendría la prohibición de celebrar estos pactos cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. La cartera laboral también propone modificar las reglas sobre las facultades de los inspectores de trabajo. La iniciativa busca establecer condiciones más precisas para la aplicación de medidas preventivas durante las inspecciones, de manera que estén justificadas, sean temporales y puedan ser revisadas conforme a los mecanismos previstos en la ley. En cuanto a los repartidores que trabajan mediante aplicaciones digitales, el Gobierno plantea ajustar el Decreto 991 de 2026. La propuesta contempla calcular los aportes a seguridad social sobre el 40 % de los ingresos reales, en concordancia con lo establecido en la legislación, y modificar las condiciones para exigir las cotizaciones. Estas obligaciones serían exigibles 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique que están listos los ajustes tecnológicos necesarios. El proyecto también contempla cambios en la regulación sobre acoso laboral, violencia y discriminación. Se mantendrían las medidas de prevención y atención a las víctimas, incluida la protección especial de seis meses frente al acoso sexual. Sin embargo, algunos aspectos relacionados con las reglas probatorias serían retirados del decreto, bajo el argumento de que corresponden al ámbito de la ley. Además, la atención psicológica quedaría a cargo de las administradoras de riesgos laborales (ARL). En materia de sanciones, el Gobierno propone ajustar las reglas sobre las multas a empleadores que despidan a trabajadores víctimas de acoso sexual. El borrador mantendría las sanciones e incorporaría la gravedad de la conducta como criterio para determinar su cuantía, respetando los mínimos establecidos legalmente. La inspección del trabajo doméstico también está incluida en la revisión. La propuesta busca permitir que las actuaciones relacionadas con esta actividad se realicen sin necesidad de ingresar a las viviendas, con el fin de proteger la intimidad del hogar. El seguimiento se desarrollaría en la Mesa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente, el Ministerio plantea modificar el Decreto 660, relacionado con periodistas y comunicadores, para ajustar su contenido a las disposiciones de la reforma laboral de 2025, establecida mediante la Ley 2466. Sindicatos advierten sobre posibles retrocesos La revisión de las normas se produce después de que el Comando Nacional Unitario, integrado por organizaciones sindicales y de pensionados, solicitara rechazar cualquier modificación, derogatoria, suspensión o flexibilización de nueve decretos reglamentarios. Las centrales obreras argumentan que las disposiciones fueron sometidas a procesos de concertación y advierten que cambiarlas podría afectar el principio de progresividad de los derechos laborales. Sin embargo, uno de los nueve decretos mencionados por las organizaciones, relacionado con la negociación colectiva por niveles, no figura entre los ocho proyectos publicados por el Ministerio. La discusión también tiene antecedentes en agosto, cuando la cartera laboral derogó 11 circulares del gobierno anterior. En esa ocasión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, cuestionó la decisión y advirtió sobre un posible desmonte de derechos laborales. Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, respaldó la medida al considerar que contribuía a la seguridad jurídica. Antes de publicar los nuevos borradores, el Ministerio adelantó reuniones con organizaciones sindicales y gremiales. Las centrales obreras y los representantes empresariales presentaron observaciones en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Por ahora, los ocho proyectos continúan en etapa de consulta pública. El alcance definitivo de los cambios dependerá de las observaciones recibidas y de las decisiones que adopte el Gobierno una vez concluya el proceso.