¿Lavándole la cara al M-19?

¡Al M-19 le bastaron unas horas para convertir el Palacio de Justicia en una trampa mortal! Entraron asesinando, tomaron magistrados como rehenes y pretendieron imponer su voluntad a punta de fusil. Cuarenta y un años después, cuando Netflix prepara una serie sobre aquella tragedia, Colombia tiene derecho a exigir que no se escondan los crímenes de una organización que recurrió al terrorismo para alcanzar sus objetivos políticos. El 6 de noviembre de 1985, hacia las 11:40 de la mañana, un comando de 35 integrantes de la organización armada M-19 ejecutó una operación que llevaba meses preparando. Siete habían ingresado vestidos de civil y otros 28 irrumpieron por el parqueadero. Los vigilantes Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez murieron intentando impedir el asalto. Eran dos trabajadores que cumplían su deber y terminaron pagando con la vida una decisión tomada por los jefes de aquella organización. Una vez dentro, los integrantes del M-19 retuvieron a magistrados, empleados y visitantes. Querían obligar al presidente Belisario Betancur a responder públicamente por los supuestos incumplimientos de los acuerdos de paz. Para conseguirlo, ocuparon por la fuerza la sede de las altas cortes y sometieron a sus ocupantes a una amenaza permanente. El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, alcanzó a pedir por radio que cesaran los disparos. También denunció que los integrantes de la organización lo tenían encañonado junto con otras personas. Su llamado desesperado quedó como uno de los testimonios más estremecedores de aquellas horas. Hay otro capítulo que merece especial atención. La Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, en su informe de 2010, encontró elementos que apuntaban a una conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín. Pablo Escobar tenía un interés evidente en combatir la extradición hacia Estados Unidos. La investigación recogió testimonios sobre una supuesta financiación de dos millones de dólares para la operación. Sin embargo, ni el pago de esa suma ni todos los detalles del presunto acuerdo quedaron judicialmente demostrados. La hipótesis es demasiado grave para ignorarla y demasiado delicada para presentarla como una sentencia definitiva. La tragedia dejó cerca de un centenar de muertos y desaparecidos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También dejó responsabilidades gravísimas de las Fuerzas Militares durante la retoma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y otras violaciones. Esas decisiones forman parte inseparable de la historia. Pero las responsabilidades de los militares tampoco pueden utilizarse para absolver históricamente al M-19 de haber planeado el asalto, matado a los vigilantes y tomado rehenes. Ahora Netflix anuncia Palacio, una producción de ocho episodios que se estrenará el próximo 6 de noviembre. La plataforma asegura que investigó los hechos durante más de siete años y que presentará distintas perspectivas. Habrá que examinar el resultado. Porque una tragedia de esta magnitud exige contar también aquello que resulta incómodo para quienes hoy pretenden reivindicar políticamente al M-19. Y aquí hay una responsabilidad que ninguna producción debería pasar por alto: los integrantes de aquella organización escogieron deliberadamente la sede de la justicia para imponer sus exigencias. La Comisión de la Verdad documentó que algunos rehenes fueron utilizados como escudos humanos y que integrantes del M-19 dispararon contra personas retenidas, causándoles lesiones graves e incluso la muerte. Estos hechos merecen tanto espacio en la memoria nacional como las violaciones cometidas durante la retoma. El mayor peligro de contar esta historia cuarenta y un años después es que los responsables terminen recibiendo la comprensión que se les niega a sus víctimas. Una democracia puede discutir las razones de una rebelión. Lo que jamás debería aceptar es que esas razones sirvan para justificar el asesinato de un vigilante o el secuestro de un juez. El M-19 pudo dejar las armas y entrar en la política. Ese derecho no incluye borrar su pasado. La paz permite cerrar una guerra, pero jamás debería servir para falsificar la historia. Y es que en política, nada es casualidad.