¿Se le acabaron los datos a la Pizarro?

María José Pizarro tiene un problema mucho más serio que las denuncias de Deicy Jiménez: debe explicar por qué una mujer que asegura haber recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales para Gustavo Petro terminó vinculada a su equipo en el Senado. Y hasta ahora, sus ataques contra la prensa y sus discursos sobre persecución política no han respondido las preguntas fundamentales. Deicy Jiménez denunció una presunta red de mujeres beneficiadas con contratos estatales para satisfacer exigencias sexuales del expresidente Gustavo Petro. Una acusación gravísima que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia y que compromete la obligación del Estado de investigar posibles hechos de corrupción y abuso de poder. Pero hay un dato particularmente incómodo para Pizarro. En 2023, Jiménez obtuvo un contrato por 34 millones de pesos para apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, que entonces ocupaba la dirigente del Pacto Histórico. La denunciante asegura que llegó recomendada por Petro y que Pizarro conocía esa circunstancia. La exsenadora respondió denunciando una supuesta campaña para destruir su carrera política. Se declaró defensora de las mujeres, atacó a los medios y comparó los señalamientos con la persecución que sufrió su padre. Sin embargo, sigue pendiente una explicación pública sobre las condiciones de aquella contratación. ¿Quién recomendó a Deicy Jiménez? ¿Quién revisó sus antecedentes y acreditó su experiencia? ¿Qué funciones desempeñó? ¿Qué productos entregó para justificar los 34 millones de pesos? ¿Y qué participación tuvo Gustavo Petro en su vinculación? Son preguntas elementales sobre el manejo de recursos públicos. No constituyen una condena, pero tampoco desaparecen porque Pizarro se declare víctima de una conspiración. Y aquí aparece la contradicción política más profunda. María José Pizarro construyó buena parte de su discurso alrededor de los derechos de las mujeres, la lucha contra las violencias sexuales y la denuncia de los abusos del poder. Precisamente por eso, ante semejantes acusaciones, su responsabilidad de ofrecer explicaciones es todavía mayor. Porque el feminismo pierde credibilidad cuando la defensa de las mujeres parece depender de quién sea el acusado. Si Pizarro exige respuestas cuando las denuncias comprometen a sus adversarios, debe aceptar el mismo escrutinio cuando las sospechas alcanzan a su propio sector político. Deicy Jiménez ratificó sus señalamientos ante la Corte Suprema y anunció que aportará conversaciones y videos. La justicia tendrá que examinar ese material, verificar su autenticidad y determinar si hubo delitos. Petro y la defensa de Pizarro rechazan las acusaciones, y hasta ahora no existe una decisión judicial que demuestre su responsabilidad. Pero la presunción de inocencia no elimina el deber de rendir cuentas. Y mucho menos cuando se trata de explicar cómo se gastó el dinero de los colombianos. Pizarro puede cuestionar a los periodistas, denunciar intereses políticos y repetir cuantas veces quiera su compromiso con las mujeres. Lo que no puede pretender es que su trayectoria sustituya las explicaciones que merece el país. Porque defender a las mujeres cuando el señalado es un enemigo político resulta muy fácil. La verdadera prueba de coherencia llega cuando el acusado es el jefe de tu propio movimiento. Y es que en política, nada es casualidad.