La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez por las sanciones restaurativas impuestas a 44 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc, señalados de participar en secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos en Tolima, Huila y Quindío. A través de sus redes sociales, la congresista expuso algunas de las actividades contempladas dentro de estas medidas, entre ellas la elaboración de un mural, el empaque de 80 libras de café en cajas y la siembra de 15 árboles. Para Posada, estas acciones resultan insuficientes frente a la gravedad de los crímenes atribuidos a los excombatientes. La senadora sostuvo que, después de cumplir una semana de labores restaurativas, los comparecientes quedaron en libertad sin pasar un solo día en prisión. La congresista también recordó que entre los hechos relacionados con este grupo se encuentra el secuestro de la exrepresentante a la Cámara Gloria Polanco de Lozada y sus hijos, Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada, ocurrido el 26 de julio de 2001 durante la toma del edificio Torres de Miraflores, en Neiva. Uno de los principales cuestionamientos de Posada está relacionado con el alcance de las sanciones y su capacidad para responder a las expectativas de las víctimas. En ese sentido, criticó que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacara el mural como una muestra del encuentro entre víctimas y comparecientes para construir memoria y contribuir a la reconciliación. La senadora consideró que este tipo de actividades no representa una respuesta proporcional al sufrimiento ocasionado por los antiguos integrantes de las Farc y cuestionó el modelo de justicia aplicado por el tribunal de transición. Las críticas también alcanzan a Timochenko En su pronunciamiento, Posada hizo referencia a Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, antiguo máximo jefe de las Farc, quien recientemente participó en actividades restaurativas en el cementerio de Pitalito, Huila. Entre las labores documentadas se encontraban el mantenimiento de zonas del camposanto, el arreglo de plantas de bambú y la intervención de algunas bóvedas. Estas actividades hacen parte de las medidas impuestas por la JEP en el marco de sus decisiones de justicia transicional y también han generado inconformidad entre sectores de las víctimas. La controversia se suma a los cuestionamientos que Posada ha venido formulando sobre el funcionamiento del tribunal. La congresista aseguró que tiene pendientes respuestas a seis derechos de petición presentados ante la jurisdicción y reprochó que, según ella, los ciudadanos deban acudir a acciones de tutela para obtener información. El debate vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las sanciones propias de la JEP, su componente restaurativo y el equilibrio entre la reparación de las víctimas, la verdad, la responsabilidad de los comparecientes y las garantías de no repetición.
María Clara Posada documentó las famosas 'sanciones' de la JEP a exintegrantes de las Farc: “Pintar murales y empacar café”
La senadora del Centro Democrático criticó las acciones restaurativas impuestas a 44 antiguos guerrilleros vinculados a crímenes cometidos en Tolima, Huila y Quindío.

