La Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella afronta este martes una jornada decisiva en el Congreso. El proyecto, que busca establecer nuevas condiciones para que las estructuras criminales organizadas abandonen las armas y se sometan a la justicia, tiene un plazo límite para completar su trámite legislativo: el próximo 4 de noviembre. Las plenarias de Senado y Cámara fueron convocadas para las 9:00 de la mañana, con el propósito de avanzar en la discusión y votación de la iniciativa. El tiempo juega en contra del Gobierno, pues este miércoles vence la vigencia de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuyo marco jurídico se busca actualizar. El primer avance se produjo durante la sesión del lunes festivo en la Cámara de Representantes. Después de cerca de ocho horas de discusión, la corporación aprobó la ponencia positiva, con 99 votos a favor y 39 en contra. También rechazó la propuesta de archivar el proyecto y alcanzó a votar dos de sus artículos. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, destacó el resultado y anunció que la discusión continuaría este martes hasta completar la votación. La apuesta del oficialismo es conseguir el respaldo de las dos corporaciones y dejar el miércoles para adelantar la conciliación del texto aprobado. Sin embargo, más allá de la aprobación de la iniciativa, la jornada representa una prueba política para De La Espriella. El resultado permitirá medir la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías, negociar con las distintas bancadas y sacar adelante una de sus principales apuestas legislativas. ¿Qué contempla la Ley de Sometimiento? El proyecto, presentado por el exministro del Interior Rodrigo Lara y el ministro de Justicia, Iván Cancino, está compuesto por 22 artículos distribuidos en 17 páginas. Su propósito es establecer un tratamiento jurídico diferenciado para integrantes de estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales que decidan someterse a la institucionalidad. Entre las condiciones planteadas se encuentra la manifestación voluntaria, expresa y por escrito de la intención de acogerse a la Constitución y a la ley. También se exige la dejación de armas, bajo mecanismos de verificación, y la entrega de menores de edad reclutados, personas secuestradas y desaparecidas que permanezcan bajo el control de estas organizaciones. La propuesta establece, además, compromisos para poner fin a las actividades ilícitas y a las acciones que afecten a la población civil. A esto se suman obligaciones relacionadas con el desmantelamiento de las estructuras criminales, la entrega de información sobre sus posibles nexos políticos y redes de corrupción, y su transición efectiva hacia la legalidad. Uno de los puntos que genera especial atención es el tratamiento de las penas. El articulado contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena acumulada, condicionada a los aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y la contribución verificable al desmantelamiento de las organizaciones. Para quienes hayan desempeñado funciones de liderazgo, la reducción propuesta sería del 30 %. Una prueba política contra el reloj El Gobierno necesita avanzar con rapidez para evitar que los tiempos legislativos frustren la iniciativa. La discusión no solo definirá el futuro de la Ley de Sometimiento, sino que también dejará en evidencia el respaldo político con el que cuenta De La Espriella en el Congreso. La jornada de este martes será determinante: el Ejecutivo deberá demostrar que tiene las mayorías suficientes para sacar adelante el proyecto en medio de las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

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