Petro prometió limpiar el Estado y terminó con dos ministros detenidos

¡Con Petro nunca hay pruebas suficientes! Aparece un video y tienen una excusa. Salen audios y aseguran que están manipulados. Un funcionario de su propio gobierno denuncia y lo llaman mentiroso. La justicia investiga y gritan persecución política. ¡Qué maravilla! Para acusar a sus adversarios bastaría con la mas mínima sospecha, pero cuando el escándalo toca a Petro, a su familia o a sus colaboradores, parece que ni un expediente del tamaño de un edificio lograría convencerlos. El gobierno Petro terminó convertido en un desfile de escándalos judiciales. Dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, acabaron privados de la libertad preventivamente por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Olmedo López, exdirector de esa entidad, y Sneyder Pinilla, su antiguo subdirector, también fueron detenidos. Pinilla terminó condenado. La Fiscalía investiga una presunta operación con proyectos por más de 612.000 millones de pesos para conseguir apoyos políticos en el Congreso. ¡Y pensar que llegaron prometiendo acabar con la corrupción! La nómina de implicados no termina ahí. César Manrique, exdirector de Función Pública, fue señalado como prófugo de la justicia. Carlos Ramón González, antiguo director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, permanece en Nicaragua mientras enfrenta una orden de captura. ¡Dos ministros detenidos, altos funcionarios perseguidos por la justicia y hombres de absoluta confianza del presidente involucrados en expedientes penales! Todo esto ocurrió bajo el gobierno que se proclamaba dueño de la superioridad moral. Y ahora el escándalo alcanza nuevamente a Verónica Alcocer. Eva Ferrer, quien estuvo cerca de la entonces primera dama, lanzó acusaciones sobre presuntos movimientos de drogas, armas y millones de dólares. Habló de los llamados «Verónicos», de supuestas interferencias en entidades públicas y de vuelos oficiales que habrían servido para transportar drogas hacia Venezuela. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denunció presiones para conseguir contratos y nombramientos, mencionó una supuesta red de prostitución en el entorno presidencial y habló de un presunto pacto de encubrimiento entre Petro y Alcocer. Son señalamientos pendientes de comprobación judicial, pero suficientemente graves como para exigir que se investiguen hasta el último detalle. A este prontuario de controversias se suman las declaraciones de Nicolás Petro sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial, los audios de Armando Benedetti y las investigaciones sobre financiación electoral. No todos los hechos tienen la misma gravedad ni la misma situación judicial. Pero la cantidad de funcionarios, familiares y colaboradores mencionados en investigaciones y denuncias revela, como mínimo, un problema de controles y responsabilidades que merece explicaciones. Y mientras los expedientes crecen, el petrismo sigue vendiéndose como la reserva moral de Colombia. ¡Hay que tener una desfachatez monumental! Llegaron señalando de corrupto a medio país, prometieron limpiar el Estado y terminaron con ministros detenidos, antiguos directores investigados y denuncias que alcanzan hasta el círculo familiar del expresidente. La superioridad moral les duró lo que tardaron en aparecer los primeros expedientes. ¿Fue un gobierno o fue un concierto para delinquir? La justicia tendrá que establecer si hubo acuerdos criminales, quiénes participaron y hasta dónde llegaron las responsabilidades. Porque una cosa es tener funcionarios que roban y otra es que varios funcionarios se organicen para saquear el Estado. Lo segundo no es simplemente corrupción administrativa: puede constituir una organización criminal. Petro, Alcocer y los demás señalados tienen derecho a defenderse y a que se respete su presunción de inocencia. Pero la justicia no puede convertirse en un concurso de popularidad donde los delitos desaparecen porque los acusados tienen seguidores. El petrismo prometió acabar con las mañas de la vieja política. Ahora tiene que explicar por qué tantos de sus propios funcionarios terminaron respondiendo ante la justicia por esas mismas prácticas. La superioridad moral no sirve de coartada judicial. Y es que en política, nada es casualidad.