Cerca de 500 notarías estarían al borde del cierre por crisis financiera; gremio responsabiliza al gobierno Petro

Cerca de 500 notarías ubicadas en pequeños municipios y zonas apartadas de Colombia estarían en riesgo de desaparecer por dificultades financieras y retrasos en la transferencia de recursos destinados a su operación. La alerta fue lanzada por el gremio de Notarios Subsidiados de Colombia, que atribuye parte de la situación a problemas de planeación presupuestal y gestión administrativa durante el gobierno de Gustavo Petro. A través de un comunicado, la agremiación solicitó la intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y del actual Gobierno para encontrar una salida a la crisis que, según advierte, compromete la continuidad de los servicios notariales en territorios con limitada presencia institucional. El gremio sostiene que la situación se agravó progresivamente y que las dificultades económicas ya afectan el funcionamiento de estas oficinas, especialmente en municipios de sexta categoría, donde los recursos destinados a su sostenimiento no habrían sido girados oportunamente. Denuncian fallas en la gestión de los recursos De acuerdo con los notarios subsidiados, durante la administración de Gustavo Petro no se habría realizado una planeación adecuada de los gastos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, mecanismo del que provienen los recursos para respaldar el funcionamiento de estas oficinas. La organización asegura que la problemática fue puesta en conocimiento del Gobierno anterior, pero que sus solicitudes no recibieron respuestas satisfactorias. También sostiene que la financiación de estas notarías cuenta con una fuente propia de recursos, por lo que reclama explicaciones sobre las dificultades que han impedido cumplir oportunamente con los desembolsos. La denuncia, sin embargo, corresponde a la posición del gremio y no constituye por sí misma una determinación oficial de responsabilidades sobre la situación financiera. Advierten consecuencias para las comunidades rurales Los representantes del sector alertan que el problema va más allá de los pagos pendientes y de las dificultades económicas de los funcionarios. La eventual desaparición de estas notarías podría dejar a numerosas comunidades sin acceso cercano a trámites y servicios esenciales, como autenticaciones, registros y otros procedimientos notariales. En las regiones más apartadas, estas oficinas cumplen una función importante para los ciudadanos, que en muchos casos tendrían que recorrer mayores distancias y asumir costos adicionales para realizar sus diligencias si dejan de operar. Uno de los voceros de la reclamación es Amed Velásquez, notario del municipio de Marulanda, Caldas, quien pidió al presidente Abelardo de la Espriella atender la situación y buscar una solución a los pagos que, según indicó, siguen pendientes. La agremiación espera que el nuevo Gobierno y la Superintendencia de Notariado y Registro adopten medidas para garantizar la continuidad del servicio y evitar que cientos de municipios pierdan estas oficinas. Por ahora, el llamado de los notarios pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer el estado de los recursos, determinar las causas de los retrasos y establecer un plan que permita mantener la atención en los territorios más vulnerables del país.