Gobierno de La Espriella hunde a 'Matador': lo acusan de 5 delitos por contratos con el Estado

El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, quedó en el centro de una controversia judicial tras una denuncia penal presentada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ante la Fiscalía General de la Nación. La acción busca que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios por $257.040.000, suscrito en octubre de 2024 durante la administración de Gustavo Petro. La denuncia fue radicada por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, según la información publicada por medios nacionales. El documento solicita investigar posibles anomalías en las etapas de contratación, ejecución, supervisión y pago de los recursos públicos. Entre los cuestionamientos figura una inconsistencia en el nombre del contratista consignado en uno de los apartados del contrato. También se señalan posibles diferencias en el tratamiento del IVA, debido a que el acuerdo contemplaba pagos por ese concepto, pese a que el RUT del caricaturista lo registraba como no responsable de dicho impuesto en ese momento. Otro de los puntos bajo revisión tiene que ver con los soportes de ejecución y los informes presentados durante varios periodos contractuales. La denuncia advierte sobre documentos fechados después de algunos cortes de cobro y la presunta repetición de evidencias, aspectos que deberán ser examinados por los organismos competentes para establecer si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades. Por estos hechos, el denunciante pidió investigar cinco posibles conductas punibles: peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. La presentación de la denuncia no significa que los delitos estén probados ni que exista una condena contra ‘Matador’. Corresponde a la Fiscalía evaluar los elementos aportados, determinar si hay mérito para avanzar en la investigación y establecer la eventual responsabilidad de las personas involucradas. El caso abre un nuevo frente de controversia política alrededor de un contrato celebrado durante la administración anterior y pone bajo la lupa los procedimientos de contratación estatal, la verificación de los requisitos y la supervisión del uso de los recursos públicos.