Alias 'John 40' habría financiado el magnicidio de Miguel Uribe con $5.000 millones, según nuevas revelaciones

La investigación por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay suma nuevas revelaciones sobre los presuntos responsables intelectuales del crimen. Según información conocida por la familia de la víctima y entregada a la Fiscalía General de la Nación, alias John 40, señalado como uno de los hombres cercanos a Iván Márquez, habría tenido un papel determinante en la financiación y coordinación del homicidio. De acuerdo con estos nuevos datos, el monto destinado para ejecutar el crimen habría alcanzado los 5.000 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron reunidos a través de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera con Venezuela. La información está siendo analizada por el equipo especial de la Fiscalía encargado de esclarecer el magnicidio y establecer quiénes habrían ordenado el ataque. Presuntos encuentros para coordinar el crimen Los nuevos señalamientos apuntan a que la planeación habría involucrado a varios integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, alias John 40, alias el Viejo y José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever. Según el testimonio citado en la información entregada a las autoridades, se habrían realizado reuniones en territorio venezolano y en campamentos ubicados en Carurú, Vaupés, para coordinar aspectos relacionados con la ejecución del homicidio y la entrega del dinero. La fuente también sostiene que una parte de los recursos habría provenido de una explotación minera en Barrancominas, Guainía, donde presuntamente se extraían oro y coltán bajo el control de alias John 40. Estas versiones se suman a las declaraciones atribuidas a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo o la Firma, quien habría señalado previamente a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el asesinato. Millonarios pagos y posibles sobornos Dentro de los detalles entregados a la Fiscalía también figuran referencias a pagos por la logística del atentado y a presuntos recursos destinados a interferir en la investigación judicial. Según la información divulgada, inicialmente se habló de 1.000 millones de pesos para financiar la operación criminal y de otros 600 millones que supuestamente se habrían destinado a sobornos. Estas cifras hacen parte de los señalamientos que deberán ser contrastados con las pruebas del expediente. Aunque las autoridades han avanzado en la judicialización de personas señaladas de participar materialmente en el asesinato, todavía persisten interrogantes sobre la identidad y el grado de responsabilidad de quienes habrían impartido la orden. Investigan una posible amenaza contra César Gaviria Las nuevas revelaciones también incluyen información sobre un supuesto plan para atentar contra el expresidente César Gaviria Trujillo. En ese contexto, aparece mencionado Kendry Téllez, alias Yaco, señalado en los testimonios como una persona que habría tenido conocimiento de la operación contra Miguel Uribe Turbay. La información conocida indica que su paradero es desconocido y que las autoridades deberán verificar los datos relacionados con su posible participación y sus movimientos. Por ahora, estos señalamientos constituyen información pendiente de verificación judicial y no equivalen, por sí solos, a una determinación definitiva de responsabilidad penal. La familia pide esclarecer quién dio la orden María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, ha sostenido que recibió mensajes en los que se advertía sobre un posible origen político del crimen y una supuesta participación de personas vinculadas al Congreso de la República. Según sus declaraciones, esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. Las acusaciones también han generado respuestas de personas mencionadas en las denuncias. El abogado de alias Calarcá rechazó los señalamientos y afirmó que formular acusaciones sin pruebas incorporadas al proceso resulta irresponsable. El caso continúa centrado en establecer quiénes planearon, financiaron y ordenaron el asesinato. La Fiscalía deberá verificar los testimonios, determinar la solidez de las evidencias y establecer las responsabilidades individuales dentro del proceso judicial.