Seguridad: capturar no basta

¿De qué sirve capturar a un delincuente si a los pocos días vuelve a las calles a robar, extorsionar o asesinar? ¿Y de qué sirve enviarlo a una cárcel si desde allí puede seguir ordenando crímenes? Ese es el problema que Colombia tiene que resolver si realmente quiere derrotar a la criminalidad. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha emprendido una ofensiva contra las organizaciones criminales. Los operativos policiales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras regiones del país, acompañados del respaldo presidencial a la Fuerza Pública, representan un esfuerzo importante por recuperar la seguridad y la autoridad del Estado. Pero sería un gravísimo error creer que la lucha contra el crimen se gana solamente con capturas. Una política de seguridad debe tener tres componentes fundamentales: una Policía que capture, una justicia que condene y unas cárceles que impidan seguir delinquiendo. Si falla cualquiera de los tres, fracasa todo el esfuerzo. Y Colombia tiene problemas enormes en los dos últimos. ¿Cómo se explica que existan delincuentes capturados con diez, veinte y hasta cincuenta anotaciones judiciales? Aunque no todas representan condenas, los casos de reincidencia comprobada demuestran que el sistema tiene serias deficiencias. Es urgente endurecer la respuesta penal frente a los delincuentes habituales, revisar los beneficios judiciales y evitar que los errores en las capturas, las investigaciones deficientes o los vencimientos de términos terminen favoreciendo a criminales peligrosos. La Fiscalía tiene que presentar pruebas contundentes. Los jueces deben aplicar la ley con rigor. Y el Congreso debe reformar las normas que resulten insuficientes para enfrentar la reincidencia. Porque cuando un delincuente reincide una y otra vez, el problema ya no es solamente su conducta criminal. También es la incapacidad del Estado para impedir que siga haciendo daño. Otro asunto gravísimo es la utilización de menores de edad para cometer homicidios y extorsiones. Las organizaciones criminales aprovechan su tratamiento penal especial para involucrarlos en delitos atroces. Colombia necesita castigar severamente a quienes reclutan menores y revisar la eficacia de las sanciones aplicables a los adolescentes responsables de delitos graves, respetando las garantías que les reconoce la Constitución. Pero hay un tercer problema que puede echar por tierra cualquier política de seguridad: las cárceles. Resulta absolutamente inaceptable que delincuentes privados de la libertad puedan continuar extorsionando, amenazando ciudadanos, coordinando actividades de narcotráfico y ordenando asesinatos desde sus lugares de reclusión. ¿De qué sirve encerrar a un jefe criminal si conserva el teléfono, los contactos y la capacidad de seguir dirigiendo su organización? Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones criminales. Se necesitan más cupos penitenciarios, controles rigurosos, sistemas eficaces para bloquear comunicaciones ilegales y sanciones ejemplares contra los funcionarios corruptos que permiten estas actividades. La resocialización es una obligación del Estado. Pero también lo es proteger a la sociedad de quienes siguen delinquiendo. El presidente De La Espriella tiene una oportunidad histórica para impulsar una reforma integral de la seguridad. Sin embargo, su Gobierno debe comprender que los operativos policiales, por exitosos que sean, tendrán resultados limitados si no vienen acompañados de una justicia eficaz y un sistema penitenciario verdaderamente controlado. Colombia no necesita únicamente más capturas. Necesita más condenas sustentadas en pruebas, menos reincidencia y cárceles desde las cuales resulte imposible seguir amenazando a los ciudadanos. Porque el éxito de una política de seguridad no se mide por cuántos delincuentes presenta la Policía ante las cámaras, sino por cuántos dejan efectivamente de representar una amenaza para la sociedad. Y mientras el Estado siga capturando a los mismos delincuentes y permitiendo que otros continúen delinquiendo desde las cárceles, la criminalidad seguirá encontrando oportunidades para imponerse sobre la autoridad. Y es que en política, nada es casualidad.