Ing. Leonardo Pereira Doctor en Economía Docente Universitario A finales de septiembre, más de medio millón de jóvenes consultaron desde sus celulares los resultados de la prueba Saber 11. En muchos hogares, ese momento se convirtió en una conversación cargada de expectativas e incertidumbre: ¿alcanzará el puntaje para ingresar a una universidad pública?, ¿habrá que buscar una beca?, ¿será necesario empezar a trabajar antes de continuar los estudios? Aunque parecen simples cifras, al observarlas en conjunto revelan mucho más: dibujan un mapa de las oportunidades educativas del país y anticipan, en buena medida, quién podrá acceder a la educación superior, quién tendrá mejores posibilidades de conseguir un empleo formal y quién podría quedarse rezagado. El mapa de 2026 De acuerdo con los resultados del Icfes por departamento, el promedio nacional de las pruebas Saber 11 del calendario A se ubicó en 253,3 puntos. Boyacá lidera la clasificación con 270,9 puntos, seguido de Bogotá (268,6) y Santander (268,3). En el extremo opuesto se encuentran Chocó, Vichada y Vaupés, este último con apenas 213,5 puntos. La brecha de 57 puntos entre el departamento con mejor resultado y el de menor puntaje evidencia profundas desigualdades en el desempeño académico y, con ello, en las oportunidades de acceso a la educación superior, especialmente a las universidades públicas más competitivas del país. Esta brecha también se refleja en el Caribe colombiano. Ninguno de sus departamentos figura entre los diez primeros lugares del ranking: Córdoba ocupa la posición más destacada, en el puesto 13, seguido de Cesar (14) y Atlántico (17), con 249,6 puntos. Más aún, ninguno de los ocho departamentos del Caribe colombiano, incluido San Andrés alcanza el promedio nacional, mientras que La Guajira (230,5) y Magdalena (233,4) se encuentran entre los siete departamentos con los resultados más bajos. La diferencia se hace todavía más evidente al comparar los promedios regionales: el Caribe continental registra 242,5 puntos, frente a los 260,7 de la región Andina. Estos 18 puntos de distancia no pueden entenderse únicamente como una diferencia en el rendimiento académico; también nos invitan a examinar las condiciones sociales, económicas y educativas en las que crecen nuestros jóvenes. Porque el talento está presente en toda la región, pero las oportunidades para desarrollarlo siguen estando distribuidas de manera desigual.
El Atlántico, mirado de cerca
El resultado del Atlántico merece una mirada más detenida. Que Córdoba y Cesar se ubiquen por encima debería llevarnos a reflexionar, especialmente porque nuestro departamento cuenta con una de las mayores ofertas universitarias de la región, además de un puerto estratégico y una importante base industrial. ¿Por qué entonces, estas ventajas no se reflejan en mejores resultados educativos? Parte de la respuesta aparece cuando pasamos del promedio departamental a la realidad de sus municipios. Mientras Puerto Colombia alcanza 275,9 puntos, Piojó registra apenas 206,9, una diferencia de 69 puntos entre dos municipios separados por un trayecto relativamente corto.
Las brechas también se evidencian en el área metropolitana: Barranquilla obtiene 257,1 puntos; Soledad, 246,2, y Malambo, 238,0. A estas desigualdades territoriales se suman las diferencias entre sectores educativos: los colegios oficiales del departamento promedian 245,8 puntos, frente a los 258,3 de los privados. En conjunto, estas cifras muestran que el desafío del Atlántico no consiste únicamente en mejorar su promedio, sino también en cerrar las brechas que condicionan las oportunidades de miles de jóvenes según el municipio donde viven y el colegio en el que estudian.
Lo que viene después del colegio
El problema no termina con el examen; por el contrario, es allí donde las brechas comienzan a acumularse. En Colombia, menos de la mitad de los bachilleres (47,9 % en 2025) ingresa de inmediato a la educación superior. Para quienes no logran dar ese paso, el riesgo de que esa oportunidad nunca llegue aumenta considerablemente.
Pero acceder a la educación superior y graduarse tampoco garantiza las mismas oportunidades laborales en todos los territorios. Cerca del 78 % de los graduados de la región Centro Occidente, que incluye Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Huila y Tolima, consigue empleo formal, frente al 67,2 % en el Caribe. Mientras Antioquia alcanza el 82,3 %, La Guajira apenas llega al 56,5 %. El Atlántico, con un 73,4 %, lidera en el Caribe, aunque sigue por debajo de los departamentos andinos. A esto se suma la informalidad: en Sincelejo, dos de cada tres ocupados trabajan en esas condiciones, frente a uno de cada tres en Bogotá.
Hay una paradoja que merece atención: Antioquia ocupa el puesto 18 en las pruebas Saber 11, por debajo del Atlántico, pero lidera en empleo formal para sus graduados. Esto demuestra que los resultados académicos, aunque fundamentales, no determinan por sí solos las oportunidades laborales; también se necesita un tejido empresarial capaz de generar empleo y aprovechar el talento formado.
En este sistema, las pruebas Icfes son una herramienta clave para identificar brechas educativas, orientar la inversión pública y evaluar si los esfuerzos de los colegios están preparando adecuadamente a los jóvenes para continuar sus estudios. Por eso, el Caribe y el Atlántico necesitan convertir estos resultados en decisiones concretas: fortalecer los colegios con mayores rezagos, ampliar el acceso a la educación superior y articular la formación con las necesidades del sector productivo. El objetivo no puede ser únicamente mejorar los puntajes, sino garantizar que ese avance se traduzca en mayores oportunidades educativas, empleos formales y mejores condiciones de vida.