Petro asfixió los restaurantes

Gustavo Petro prometió dignificar el trabajo, pero dejó una herencia que está resultando devastadora para miles de restaurantes colombianos. Los salarios aumentaron por decreto, los costos se dispararon y muchos empresarios terminaron cerrando sus negocios. El expresidente se fue a su casa el 7 de agosto, pero la factura de sus decisiones sigue llegando. Y las cifras son escandalosas. Según la Asociación Colombiana de Gastronomía, ACOGA, hasta septiembre de 2026 habían cerrado 4.400 establecimientos formales en Colombia. El gremio proyecta que podrían ser 6.500 al finalizar el año. Solo en Medellín, la Cámara de Comercio registró 520 cancelaciones de empresas gastronómicas durante los primeros nueve meses de 2026. Y la situación laboral es igualmente preocupante. ACOGA estima que el empleo formal del sector ha caído cerca del 28 % durante este año. ¿Cómo llegó Colombia a semejante situación? El Gobierno Petro decretó un incremento del salario mínimo del 23,7 % para 2026. A eso se sumaron los mayores recargos nocturnos, dominicales y festivos de su reforma laboral. Para un restaurante, que obtiene buena parte de sus ingresos durante las noches, los domingos y los festivos, esos mayores costos representan una carga considerable. Y falta sumar los ingredientes, los servicios públicos, los impuestos y los arriendos comerciales, que en muchas zonas gastronómicas alcanzan cifras difíciles de sostener. Además, los locales comerciales no cuentan con el mismo límite legal de incremento del arriendo que protege a las viviendas. Las cuentas son contundentes. Según estimaciones de ACOGA, por cada 100.000 pesos que factura un restaurante, aproximadamente 37.000 se destinan a nómina y 43.000 a ingredientes. ¡Ochenta mil pesos comprometidos antes de pagar arriendo, energía, gas, agua, impuestos y demás gastos! Y los precios tampoco dan tregua. El DANE informó que en septiembre la inflación anual llegó al 6,29 %. Sin embargo, los precios de restaurantes y hoteles aumentaron un 9,44 %, mientras los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 6,74 %. Los propietarios tienen que aumentar sus precios para sobrevivir, pero sus clientes también enfrentan dificultades económicas. Muchos simplemente han reducido sus salidas a comer. El negocio termina perdiendo por ambos lados: aumentan los gastos y se debilita la capacidad de consumo de sus clientes. Por supuesto, no todos los cierres pueden atribuirse a Gustavo Petro. Existen problemas administrativos, competencia, endeudamiento y dificultades comerciales. Pero su Gobierno sí tomó decisiones que encarecieron la contratación formal sin garantizar mejoras equivalentes en la productividad de las pequeñas empresas. Y eso merece una evaluación seria de sus consecuencias. Porque una política laboral no puede juzgarse únicamente por los aumentos salariales que anuncia. También debe responder por sus efectos sobre la contratación, la informalidad y la supervivencia de las empresas. El nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de revisar las cargas que afectan a los negocios gastronómicos y facilitar la creación de empleo formal. Gustavo Petro quiso pasar a la historia como el presidente que más defendió los derechos laborales. Pero hay una realidad que su discurso nunca consiguió resolver: los derechos de los trabajadores necesitan empresas capaces de garantizar su cumplimiento. El verdadero fracaso no consiste en que un empresario deje de ganar. Consiste en que cierre su negocio y sus trabajadores pierdan la única fuente de ingresos que tenían. Y si una reforma termina encareciendo tanto la contratación que amenaza la supervivencia de quienes generan empleo, sus promotores tendrán que explicar a quién terminaron beneficiando. Y es que en política, nada es casualidad.