La senadora del Centro Democrático María Clara Posada lanzó fuertes cuestionamientos al costo de los esquemas de protección asignados a antiguos integrantes de las Farc. Según sus cálculos, el sostenimiento de los vehículos utilizados en estos dispositivos podría superar los $226.000 millones anuales, una cifra que, a su juicio, amerita explicaciones por parte de las autoridades. La congresista sustentó su denuncia en información que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2025. De acuerdo con esos datos, existirían 1.272 vehículos destinados a brindar seguridad a 2.512 integrantes de la antigua guerrilla. Para estimar el gasto, Posada tomó como referencia una cotización de la UNP relacionada con el convenio de protección de 2026. Según las cifras citadas por la senadora, el mantenimiento de las camionetas blindadas de niveles III y IIIA tendría un costo promedio de $17 millones mensuales por vehículo, mientras que el de los automotores convencionales rondaría los $11 millones. La legisladora advirtió que el cálculo no incluiría otros gastos asociados a los esquemas, como los honorarios y viáticos de los escoltas. Sobre este componente, señaló que no dispone de información detallada debido a las restricciones de reserva que, según indicó, existen sobre esos datos. Posada aclaró que el Estado debe garantizar la seguridad de quienes se reincorporaron a la vida civil, pero insistió en que los recursos públicos destinados a esa protección deben estar acompañados de transparencia y explicaciones claras sobre su utilización.
En su cuestionamiento, la senadora también puso sobre la mesa el cumplimiento de los compromisos de las antiguas Farc con la reparación de las víctimas. Citó cifras atribuidas a la Contraloría que señalan una entrega de $46.194 millones para ese propósito y presuntos faltantes en la entrega de bienes: el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos. Asimismo, recordó una estimación publicada por Forbes en 2014, según la cual la fortuna de las Farc habría alcanzado los 600 millones de dólares, y cuestionó qué ocurrió con esos recursos en el marco de las obligaciones derivadas del Acuerdo de La Habana. La denuncia vuelve a poner en el centro del debate el costo de los mecanismos de protección para los excombatientes, la administración de los recursos estatales y las garantías de reparación para las víctimas. La cifra de $226.000 millones corresponde al cálculo expuesto por la congresista y no debe interpretarse, sin una verificación adicional, como un gasto anual oficialmente confirmado.