La indagación incluye contratos otorgados a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, y contempla revisar la actuación de funcionarios de la Gobernación. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública en San Andrés, con especial atención a los contratos suscritos con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang. Entre los negocios bajo revisión figura uno relacionado con el hospital del archipiélago. La información fue divulgada por la periodista Darcy Quinn, de La FM. El proceso está a cargo de la delegada disciplinaria para la Contratación Estatal, Ángela Patricia Arroyo, quien deberá establecer si existen elementos que justifiquen avanzar en las investigaciones. Contratos bajo la lupa de los organismos de control La indagación busca examinar los contratos recibidos por Vonblon Pomare, así como las circunstancias en las que fueron adjudicados. Las pesquisas también abarcarían a funcionarios de la Gobernación que pudieron intervenir en los procesos de contratación. Según la información conocida, la Fiscalía y otros organismos de control también adelantan actuaciones relacionadas con el caso. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre conclusiones definitivas que permitan establecer responsabilidades. El asunto tomó mayor relevancia luego de que el presidente de la República cuestionara públicamente a la gobernadora de San Andrés y a la congresista por la situación del centro hospitalario. Gobernadora podría enfrentar una suspensión provisional Uno de los escenarios que se contempla dentro del proceso es una eventual suspensión provisional de la gobernadora Girley Natacha Ordóñez, mientras avanzan las investigaciones. Según versiones citadas en la información original, la medida se evaluaría ante la posibilidad de que la mandataria pudiera interferir en el desarrollo de las diligencias. También han circulado señalamientos sobre presuntos vínculos políticos entre la gobernadora y la representante Jay-Pang, así como cuestionamientos relacionados con el manejo de la contratación departamental. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Por ahora, la Procuraduría no ha anunciado una decisión oficial sobre la suspensión de la mandataria. La indagación preliminar busca determinar si existen elementos para adoptar nuevas medidas disciplinarias.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo