Extorsión en Colombia: 70 % de las llamadas se originaría desde cárceles del Inpec

La extorsión continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía de Colombia. Un informe elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), advierte sobre el crecimiento sostenido de este delito y su transformación hacia modalidades cada vez más frecuentes en las zonas urbanas. De acuerdo con el documento, basado en cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre 2010 y 2025 se registraron 111.186 casos de extorsión en el país. Uno de los indicadores más preocupantes es el incremento de la tasa nacional, que pasó de 10,47 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,32 en 2024, lo que representa un aumento del 151 % en ocho años. El fenómeno también cambió de escenario. Mientras anteriormente estaba asociado principalmente a zonas rurales y al conflicto armado, ahora tiene una fuerte presencia en las ciudades. Según el informe, las 32 capitales del país concentran entre el 53 % y el 57 % de los casos, y el 97,9 % de los hechos registrados en estas ciudades ocurre en áreas urbanas. Las cárceles, uno de los principales focos de preocupación Las llamadas telefónicas continúan siendo el mecanismo más utilizado para extorsionar. En 2025 representaron el 48,8 % de los casos reportados en las ciudades capitales. Esta modalidad pasó de 1.665 registros en 2016 a 3.559 en 2025, un incremento del 113,8 %. El informe recoge estimaciones de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), según las cuales cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se originaría desde establecimientos penitenciarios bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La situación plantea un desafío para las autoridades, especialmente en materia de control de las comunicaciones desde las cárceles y desarticulación de las redes criminales que operan desde los centros de reclusión. Redes sociales y tecnología amplían las modalidades del delito El uso de plataformas digitales también ha transformado las estrategias de los extorsionistas. WhatsApp, Facebook e Instagram se han convertido en canales para enviar amenazas, intimidar a las víctimas y exigir dinero. En las capitales, la participación de la extorsión mediante redes sociales pasó del 7,6 % en 2016 al 29,3 % en 2020, durante la pandemia. Aunque posteriormente disminuyó, en la actualidad representa alrededor del 18,6 % de los casos. El documento también advierte sobre modalidades digitales como el secuestro de información mediante programas maliciosos, conocido como ransomware; la sextorsión, basada en amenazas relacionadas con contenido íntimo, y los ataques informáticos dirigidos contra empresas. A estos riesgos se suma el uso de herramientas de inteligencia artificial, que puede facilitar la suplantación de identidades y hacer más sofisticados algunos engaños. Aumentan los casos pese a la reducción registrada en 2025 Las cifras muestran que la extorsión tuvo un crecimiento importante entre 2010 y 2013, cuando los registros pasaron de 1.352 a 4.805 casos. Posteriormente, el comportamiento se estabilizó durante algunos años, antes de retomar una tendencia ascendente que alcanzó su punto máximo en 2024, con 13.869 casos. En 2025 se registraron 13.428 hechos, una disminución del 3,2 % frente al año anterior. En las ciudades capitales, la reducción fue del 7,3 %. Sin embargo, el descenso no se ha mantenido durante 2026. Entre enero y abril se reportaron 3.936 casos, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025. A partir de esa tendencia, el informe proyecta que el año podría cerrar con aproximadamente 14.502 casos. El análisis también señala que el 79,1 % de los hechos ocurre en vías públicas, un dato que refleja la relación entre la extorsión, las actividades comerciales y el control territorial ejercido por estructuras criminales. ¿Qué factores explican el crecimiento de la extorsión? Asocapitales y el DNP identifican cuatro factores principales detrás de la expansión de este delito: la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales que recurren a la extorsión para financiarse; las dificultades para impedir que estas estructuras continúen operando desde las cárceles; el uso de tecnologías de la información con fines delictivos, y el control territorial de organizaciones criminales. El informe advierte que estas condiciones pueden reforzarse entre sí y consolidar redes delictivas con capacidad de intimidar a comerciantes, empresarios y ciudadanos. Además, señala que las dinámicas del delito varían entre ciudades. Mientras algunas capitales han logrado reducir sus cifras, otras presentan aumentos acelerados, lo que evidencia la necesidad de diseñar estrategias de seguridad ajustadas a las particularidades de cada territorio. Las recomendaciones para enfrentar el delito Entre las propuestas del documento está fortalecer los Planes Integrales de Seguridad con medidas diseñadas de acuerdo con las condiciones de cada ciudad, en lugar de aplicar estrategias uniformes en todo el país. También plantea mejorar la prevención, el análisis de las estructuras criminales, la atención a las víctimas y los mecanismos para incentivar la denuncia, mediante una mayor coordinación entre alcaldías, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y grupos Gaula. El informe advierte, además, sobre las diferencias entre los registros policiales y las noticias criminales de la Fiscalía, una situación que puede dificultar la medición precisa del fenómeno. Por ello, propone unificar los criterios de registro y avanzar en la formulación de un documento CONPES especializado que establezca responsabilidades, metas verificables, financiación y mecanismos de coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales. El diagnóstico deja en evidencia que, aunque hubo una reducción moderada en 2025, la extorsión continúa representando una amenaza para la seguridad ciudadana y la actividad económica. El repunte registrado durante los primeros meses de 2026 refuerza la necesidad de adoptar medidas coordinadas para contener su expansión.