La batalla judicial de Santiago Uribe Vélez por su condena en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’ sumó un nuevo capítulo. Su abogado, Luis Felipe Henao Cardona, impugnó el fallo de tutela que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia emitió el pasado 30 de septiembre, en el que negó las pretensiones de la defensa. El recurso fue presentado el 8 de octubre y ahora deberá ser estudiado por la Sala de Casación Laboral del alto tribunal, que tendrá que determinar si confirma o revoca la decisión cuestionada. La tutela buscaba controvertir la determinación de la Sala de Casación Penal que, el 5 de junio de 2026, rechazó el recurso extraordinario de casación contra la sentencia que confirmó la condena de Uribe. El proceso tuvo un giro decisivo después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo absolviera el 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó el 25 de noviembre de 2025. ¿Qué pretende la defensa? La impugnación no busca que se revise directamente la responsabilidad penal de Santiago Uribe, sino que se le permita presentar la demanda de casación para controvertir jurídicamente la sentencia condenatoria. En ese sentido, el abogado solicita que se revoque el fallo de tutela y se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Como petición principal, plantea que se deje sin efectos la decisión del 5 de junio y se restablezca el plazo para presentar la demanda de casación. De manera subsidiaria, pide que la Sala Penal emita una nueva decisión debidamente motivada sobre el recurso que interpuso la defensa. Henao sostiene que la decisión cuestionada no habría respondido de manera suficiente a los argumentos relacionados con la igualdad y la aplicación de las normas procesales correspondientes al caso. Uno de los puntos centrales de la controversia es que Santiago Uribe fue condenado por primera vez en segunda instancia. Según la defensa, esta circunstancia plantea interrogantes sobre las garantías de quienes reciben una condena en esa etapa del proceso frente a quienes son condenados desde la primera instancia. Además, cuestiona que la Sala Penal hubiera aplicado disposiciones de la Ley 906 de 2004, pese a que el proceso se rige por la Ley 600 de 2000. La discusión jurídica sobre la procedencia de la casación El principal obstáculo para las pretensiones de Uribe es la interpretación de la Corte Suprema sobre la procedencia del recurso extraordinario de casación frente a las decisiones que resuelven la impugnación especial. Al negar la tutela, la Sala Civil consideró que la casación no procede contra la decisión que resuelve ese mecanismo y que la acción de tutela no puede utilizarse para crear recursos que no están previstos en la ley. La defensa, por su parte, insiste en que no pretende convertir la casación en una tercera instancia, sino recuperar la oportunidad de presentar sus argumentos y obtener una respuesta frente a los cuestionamientos constitucionales y procesales que ha formulado. La diferencia entre ambas posiciones será determinante para establecer si la impugnación tiene posibilidades de prosperar. Magistrado Gerson Chaverra respalda el fallo cuestionado En medio de este trámite, el magistrado Gerson Chaverra Castro, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2024 y ponente de la decisión de la Sala Penal cuestionada por la defensa, presentó un pronunciamiento en calidad de no recurrente. En su escrito manifestó su respaldo al fallo que negó la tutela y sostuvo que el recurso extraordinario de casación no resulta procedente contra la sentencia que resuelve la impugnación especial. Chaverra también argumentó que la tutela no puede habilitar mecanismos judiciales que el legislador no haya contemplado. Como parte de sus razones, citó la sentencia SU-319 de 2026 de la Corte Constitucional, en la que, según expuso, se abordó un asunto similar relacionado con la improcedencia de la casación frente a decisiones que resuelven la impugnación especial. También hizo referencia al precedente establecido en la sentencia SU-317 de 2023. La posición del magistrado coincide con el criterio según el cual la casación no constituye, por sí misma, un derecho fundamental ni integra el núcleo esencial de la garantía de la doble instancia. La condena continúa vigente Mientras la Sala de Casación Laboral estudia la impugnación, la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez continúa vigente. Por ahora, no se ha informado una decisión definitiva sobre el nuevo recurso presentado por la defensa. Si la impugnación no prospera, el fallo de tutela será remitido a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión. El desenlace de este trámite determinará si la defensa obtiene una nueva oportunidad procesal para presentar la casación o si se mantiene el cierre de esa vía extraordinaria en el proceso por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’.

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