Dice el viejo refrán: «cuando el río suena es porque piedras lleva». En nuestro país se han venido revelando denuncias sobre todas las porquerías y mañas que sucedieron durante la presidencia del exguerrillero y expresidente Gustavo Petro. Denuncias que van desde escándalos sexuales (fiestas con travestis y drogas) hasta contratos del Gobierno pagados con sexo por parte de las implicadas; se habla de más de 48 exfuncionarias que pasaron por lo que los mismos petristas denominan una «máquina sexual». La principal controversia de los últimos días surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Petro en una entrevista publicada por la revista Semana. Según su testimonio, Jiménez habría conocido a Petro en 2019 —cuando él ejercía como senador— mediante una plataforma digital para adultos. Afirma que habría recibido contratos estatales condicionados a encuentros sexuales y sostiene que podrían existir entre 30 y 40 mujeres más en situaciones similares. En su entrevista, Jiménez también afirmó que Petro le habría pedido comprar y transportar sustancias ilícitas. Este señalamiento forma parte de su testimonio y no debe presentarse como un hecho probado; las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas independientes que lo corroboren.

Por otro lado, el 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que denunciaría el caso de 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro. La denuncia plantea preguntas serias sobre la finalidad real de esos contratos, las condiciones en que fueron otorgados y si algunas vinculaciones se habrían utilizado para conseguir encuentros privados con el entonces presidente. Petro rechazó tajantemente las acusaciones. Sostuvo que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones sexuales y calificó la controversia como un intento de invadir su intimidad y perjudicarlo políticamente. Sin embargo, todo lo que suena en este gobierno dista mucho de ser bueno. Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, en una entrevista con Caracol Radio el 12 de octubre, afirmó que había mujeres con más poder que la propia titular de esa entidad, capaces de influir en nombramientos y contrataciones. Rodríguez fue más allá y afirmó que existiría una red de mujeres jóvenes y personas que actuarían como intermediarias para reclutarlas. También sostuvo que algunas habrían llegado a ocupar cargos importantes en entidades estatales. Además, señaló que la madre de una exministra habría estado relacionada con esa presunta red, aunque no presentó públicamente todos los detalles de dicha acusación en la entrevista. Según su relato, algunas la llamaban o le escribían para pedirle que tramitara contratos y nombramientos con el beneplácito de Petro, asegurando que ella se opuso firmemente a esas solicitudes. Lo más relevante es que Rodríguez fue una funcionaria de alto nivel dentro del Gobierno Petro, con acceso directo al funcionamiento administrativo de la Presidencia, lo que hace que sus afirmaciones merezcan ser investigadas a fondo. El asunto más importante no radica en con quién se relacionaba Petro en su vida privada. La cuestión central es si utilizó su posición política para obtener beneficios sexuales mediante contratos pagados con recursos públicos. Al final, Petro al parecer sí ha estado involucrado con las llamadas «mariposas amarillas», una red de mujeres que el mismo Gustavo supo definir como «exitosas» porque acompasaban el clítoris con el cerebro. Los petristas ponen en duda todas estas denuncias. Quizás sean los mismos que lanzaron a la hoguera a los periodistas de Caracol que fueron denunciados y que hoy están siendo investigados, aunque todavía no han sido condenados. ¿Presunción de inocencia para unos y condena anticipada para otros? Cuando el río suena, algo viene rodando: sean piedras o una papayera que se va ahogando. Que la Fiscalía investigue; no la vida privada de Petro —eso solo les debe importar a sus queridos petristas—, pero sí debe aclarar si Petro usó el Gobierno para estructurar una red de prostitutas disfrazadas de contratistas que le pagaban con sexo el valor del contrato.

