Organizaciones de usuarios piden a la Creg eliminar sanciones por aumento en el consumo de energía

Representantes de organizaciones de usuarios de servicios públicos, vocales de control y líderes sociales solicitaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) modificar la Resolución 101 120 del 30 de julio de 2026, que establece sanciones económicas para los usuarios que superen su promedio de consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses. A través de un pronunciamiento público, los firmantes manifestaron su preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre la economía de los hogares y de los sectores comercial, industrial y agropecuario, particularmente en las regiones de altas temperaturas, donde las condiciones climáticas incrementan la demanda de electricidad. Los voceros aclararon que no se oponen a las campañas de uso racional y eficiente de los servicios públicos. Sin embargo, cuestionaron que la CREG haya implementado un esquema de sanciones sin adelantar, según señalaron, una socialización suficiente con las organizaciones que representan a los usuarios, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes. También advirtieron que la regulación no contempla mecanismos claros para que los ciudadanos reporten circunstancias que puedan justificar un incremento en el consumo, como cambios en las condiciones de sus viviendas o establecimientos comerciales. A su juicio, esta situación desconoce el debido proceso al aplicar las mismas condiciones a usuarios con realidades diferentes. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto de la medida en la región Caribe. Según las cifras citadas por las organizaciones, más de 758.000 grupos familiares estarían sujetos a las sanciones impuestas por las empresas prestadoras del servicio, lo que representaría cerca de tres millones de personas. Además, señalaron que en algunos casos el valor de las facturas habría aumentado hasta un 40 %. Los firmantes sostienen que el incremento del consumo no necesariamente responde al desperdicio de energía, sino a necesidades adicionales provocadas por las altas temperaturas y las condiciones particulares de cada región. En ese sentido, recordaron que la obligación de promover el ahorro energético está contemplada en la legislación colombiana desde la Ley 697 de 2001. El pronunciamiento también cuestiona la falta de campañas masivas de pedagogía para preparar a los usuarios frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Según los representantes, el Estado debería fortalecer la educación sobre el consumo responsable antes de imponer cobros adicionales a las familias. Frente a este panorama, las organizaciones plantearon modificar el esquema vigente para establecer incentivos económicos a quienes reduzcan su consumo frente a una meta individual, en lugar de castigar a quienes registren incrementos. La propuesta quedó resumida en una de las principales consignas del documento: «Incentivos sí, sanciones no». Los voceros consideran que la financiación de estas campañas y de los estímulos debe estar a cargo del Estado. Finalmente, hicieron un llamado a organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales y empresariales para respaldar la solicitud y sumarse a la exigencia de modificar la regulación expedida por la CREG. El documento fue suscrito en Medellín el 1 de noviembre de 2026, entre otros, por el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina y representantes de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios y de organizaciones de control social.