Una nueva controversia se abrió alrededor del proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la excongresista Sandra Ramírez, luego de que se autorizara que su comparecencia ante la justicia transicional se realice de manera virtual. La determinación provocó el rechazo de Deisy Dorelly Guanaro, una de las víctimas acreditadas en el proceso, quien cuestionó las garantías que, a su juicio, se están ofreciendo a quienes llevan años esperando respuestas. Guanaro calificó la decisión como una «completa vergüenza» y manifestó su inconformidad con la posibilidad de que Ramírez no tenga que presentarse físicamente ante la jurisdicción. Para la víctima, la diligencia representa una oportunidad para que la exintegrante de las Farc responda directamente por los hechos que han sido denunciados durante años.
La controversia se produce en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las antiguas Farc, así como diferentes formas de violencia ejercidas contra menores durante su permanencia en las filas guerrilleras. La exsenadora Sandra Ramírez fue citada para rendir versión voluntaria este miércoles 4 de noviembre. Inicialmente, su defensa había solicitado modificar la modalidad de la diligencia para que respondiera mediante un cuestionario escrito, argumentando situaciones de estigmatización y riesgos para su seguridad. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento de Verdad rechazó la alternativa de las respuestas escritas y mantuvo la obligación de que la compareciente rinda su versión oral. La diferencia está en que la diligencia se desarrollará por videoconferencia. La magistrada ponente Lily Andrea Rueda explicó que la decisión de permitir la conexión virtual tuvo en cuenta un informe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que identificó un riesgo extremo para la seguridad de Ramírez. Deisy Dorelly Guanaro ha sido una de las mujeres que más ha insistido en que la JEP investigue el papel que habría desempeñado Sandra Ramírez dentro de las antiguas Farc frente a las denuncias de violencia contra niñas reclutadas por esa organización.