El Gobierno de Abelardo De La Espriella contempla una reorganización del aparato estatal que incluiría la fusión de los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa hace parte de una estrategia para reducir el gasto público y simplificar la estructura administrativa del Estado. La posibilidad tomaría fuerza a través del proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado como el 477 de 2026, que busca otorgarle al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir, fusionar o dividir ministerios y departamentos administrativos. De aprobarse, el mandatario podría ejecutar estos cambios mediante decretos, sin necesidad de tramitar individualmente cada modificación ante el Congreso. A esta iniciativa se suma un borrador de reforma del Estado elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que propone reducir de 209 a 105 las entidades del Ejecutivo y crear una nueva cartera denominada Ministerio de Educación, Ciencia y Conocimiento. La propuesta ha generado posiciones encontradas. Mientras sus promotores consideran que la integración permitiría eliminar gastos administrativos duplicados y mejorar la coordinación entre la educación superior y la investigación, representantes de la comunidad científica temen que la ciencia pierda independencia y capacidad de decisión. Menos burocracia, el principal argumento del Gobierno Entre los argumentos que respaldan la fusión está la posibilidad de reducir estructuras administrativas que actualmente funcionan por separado en ambos ministerios. Dependencias relacionadas con asuntos jurídicos, financieros y de planeación podrían integrarse, concentrando parte de sus funciones en una sola estructura. El Gobierno proyecta que la reorganización general del Estado permitiría ahorrar alrededor de 8,6 billones de pesos. Sin embargo, esta cifra corresponde al conjunto de las reformas administrativas y no exclusivamente a la eventual unión de las dos carteras. Quienes respaldan la propuesta también sostienen que buena parte de los recursos destinados a investigación termina ejecutándose en universidades y centros académicos. Por esa razón, consideran que integrar ambos sectores podría facilitar la articulación entre formación profesional, educación superior y desarrollo científico. El debate también está relacionado con las denuncias recientes de la ministra de Ciencia, Claudia Benavides, quien reportó presuntas irregularidades por más de 9.800 millones de pesos en recursos destinados a investigación entre noviembre de 2024 y julio de 2026. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Comunidad científica alerta sobre posibles consecuencias Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reconocen que el Estado necesita mejorar la eficiencia del gasto, pero advierten que una reducción administrativa no debe comprometer las capacidades científicas del país. Su presidente, Carlos Alberto Vargas, considera que existen oportunidades para compartir servicios administrativos y fortalecer los mecanismos de evaluación y transparencia. No obstante, advierte que subordinar la política científica a las prioridades del sector educativo podría limitar su alcance en áreas estratégicas como la agricultura, la salud pública y el aprovechamiento de la biodiversidad. Vargas sostiene que la investigación no puede medirse únicamente por resultados económicos inmediatos, debido a que muchos avances científicos requieren años de trabajo antes de generar beneficios concretos para la sociedad. Por su parte, Fanor Mondragón, profesor emérito de la Universidad de Antioquia e integrante de la Academia, considera que la eventual fusión representaría un retroceso institucional. El académico recordó que antes de la creación de Minciencias, en 2019, la ciencia tenía una estructura subordinada al Ministerio de Educación. A su juicio, regresar a ese modelo podría debilitar el desarrollo científico y tecnológico colombiano. También advirtió que el país necesita fortalecer su capacidad investigativa para agregar valor a sus recursos naturales y aprovechar su biodiversidad. Por ello, considera que la solución debería ser fortalecer el Ministerio de Ciencia mediante una mayor financiación y no integrarlo a otra cartera. Los retos administrativos de una eventual fusión La integración de los dos ministerios no sería únicamente un cambio de nombre o de estructura. También implicaría revisar competencias, procedimientos y responsabilidades institucionales. Entre los asuntos que necesitarían ajustes se encuentra la articulación con la Ley 30 de 1992, relacionada con la educación superior, así como el papel que desempeña Minciencias en la secretaría técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Además, el borrador de reforma estatal contempla una reducción del 50 % en los contratos de prestación de servicios para 2027 y del 20 % en los gastos de personal de las entidades nacionales para 2028, medidas que también tendrían efectos sobre el funcionamiento de las instituciones. Otro punto de preocupación es la financiación. Actualmente, Minciencias cuenta con recursos inferiores al medio billón de pesos para convocatorias, becas y proyectos financiados con regalías, en un contexto en el que Colombia mantiene niveles de inversión en investigación inferiores a los referentes internacionales. La discusión, por tanto, va más allá de los posibles ahorros. Mientras el Gobierno plantea una estructura estatal más pequeña y eficiente, la comunidad científica insiste en que la investigación necesita autonomía, financiación y capacidad de interlocución con los distintos sectores productivos. Por ahora, la fusión no está definida y depende del avance de las iniciativas que se encuentran en discusión. El resultado de una eventual integración estará condicionado por las garantías presupuestales, técnicas y administrativas que se establezcan para evitar que la reorganización termine debilitando la investigación científica en Colombia.

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