¿Quién enterró el caso de Hollman Morris?

Un expediente archivado dos veces, una denuncia por presunta violencia sexual y un poderoso exfuncionario del petrismo que ahora tendrá que comparecer ante la justicia. ¿Qué ocurrió para que un caso que la Fiscalía consideraba cerrado y prescrito terminara convertido en una imputación por acto sexual violento agravado? El próximo 17 de noviembre, Hollman Morris, el flamante exgerente de RTVC y figura cercana al Pacto Histórico, deberá comparecer ante un juez en Bogotá. La Fiscalía le imputará cargos por hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2011, en Madrid, España, contra la periodista María Antonia García de la Torre. Según la denunciante, Morris la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento durante un encuentro relacionado con asuntos profesionales. Morris rechaza esa versión. Ha sostenido públicamente que el beso fue consentido y que nunca obligó a la periodista a besarlo. Hasta aquí tenemos dos versiones enfrentadas. Pero lo verdaderamente escandaloso de esta historia es lo que ocurrió después dentro de la propia Fiscalía. García en su calidad de víctima, presentó su denuncia en septiembre de 2019. El expediente fue archivado inicialmente por razones de jurisdicción. Posteriormente, en octubre de 2022, otra decisión concluyó que los hechos no constituían un delito sexual, sino una presunta injuria por vías de hecho cuya acción penal ya había prescrito. En otras palabras, lo que una mujer denunció como una agresión sexual terminó tratado por la Fiscalía como un asunto contra el honor. Y el caso quedó cerrado. Sin embargo, en abril de 2026 llegó un giro decisivo. La fiscal Marcela Abadía ordenó reactivar la investigación después de revisar el expediente con enfoque de género. La nueva valoración cuestionó que una denuncia de posible violencia sexual hubiera terminado reducida a una conducta de injuria. Y aquí aparece una pregunta profundamente inquietante: ¿cómo puede una misma institución examinar los mismos hechos y llegar a conclusiones jurídicas tan diferentes? La respuesta todavía tendrá que discutirse ante la justicia. Pero hay algo que merece atención: el problema no consiste simplemente en que dos fiscales tengan criterios distintos. Consiste en determinar si la primera investigación protegió adecuadamente los derechos de la denunciante o si una interpretación equivocada terminó cerrándole las puertas de la justicia. La defensa de Morris, encabezada por la abogada Claudia Cristancho, sostiene que la reapertura es irregular. Argumenta que no existen hechos nuevos y que revivir una investigación cuya acción penal consideraba extinguida vulnera las garantías del debido proceso. Ese argumento también tendrá que examinarse. Porque la protección de las víctimas y la presunción de inocencia no son derechos incompatibles. Ambos deben respetarse. Pero hay otro ingrediente que convierte este expediente en un asunto de enorme repercusión política. Hollman Morris no fue un funcionario de segunda categoría. Estuvo al frente de los medios públicos del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro y ha sido una figura reconocida del sector político que durante años convirtió la defensa de los derechos de las mujeres en una de sus principales banderas. Por eso resulta legítimo preguntar qué posición adoptarán ahora los dirigentes del Pacto Histórico frente a esta investigación. ¿Aplicarán los mismos estándares que reclaman cuando los denunciados pertenecen a otros sectores políticos? Y no es la única controversia que ha rodeado a Morris. La periodista Lina Castillo también lo denunció por presunto acoso sexual y laboral cuando trabajaba en su despacho del Concejo de Bogotá. Son hechos y procesos distintos, que no pueden confundirse ni utilizarse como prueba automática de culpabilidad. La audiencia del 17 de noviembre tampoco constituye una condena. Morris conserva plenamente su presunción de inocencia y tendrá derecho a defenderse. Pero políticamente este caso deja dos preguntas que nadie debería esquivar. La primera: ¿por qué una denuncia tan grave terminó archivada en dos oportunidades? La segunda: ¿qué garantías tiene una mujer para denunciar a una persona poderosa si el futuro de su expediente puede cambiar de manera tan radical según el fiscal que lo examine? Porque en ultimas, la justicia no puede depender del apellido del denunciado, de sus conexiones políticas ni del gobierno al que pertenece. Y tampoco puede convertirse en un instrumento para condenar públicamente a alguien antes de que un juez determine su responsabilidad. El 17 de noviembre Morris tendrá que responder ante la justicia por los hechos que le atribuye la Fiscalía. Pero la propia Fiscalía también tiene explicaciones pendientes sobre el tratamiento que recibió esta denuncia durante años. Porque aquí no solamente está en discusión la conducta de un hombre. También está en juego la credibilidad de la justicia colombiana. Y es que en política, nada es casualidad.