Abelardo De La Espriella denunció millonaria irregularidad en el Icetex ante la Procuraduría y Contraloría

El Icetex quedó en el centro de una investigación por presuntas irregularidades administrativas, contractuales y presupuestales que habrían comprometido recursos públicos por cerca de $83.770 millones. Los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que evalúen posibles responsabilidades. La información fue presentada por el presidente de la entidad, Richard Caicedo, y el presidente Abelardo De La Espriella, luego de una revisión a los contratos y al manejo financiero del instituto durante los últimos cuatro años. Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con el proyecto de Ahorro Educativo Voluntario, regulado mediante el Decreto 375 de 2018. Según el informe, la iniciativa comprometió recursos en tres contratos: uno de estudios de factibilidad por $534 millones, otro de estructuración jurídica por $238 millones y un contrato de desarrollo tecnológico cercano a los $83.000 millones. Sin embargo, un estudio técnico entregado en septiembre de 2025 habría concluido que el proyecto no era rentable ni financieramente viable. Pese a esas advertencias, la administración anterior habría autorizado pagos parciales y ejecutado más del 50 % del contrato tecnológico, equivalente a aproximadamente $48.700 millones. La denuncia también advierte que la plataforma no contaba con aval de la Superintendencia Financiera ni con un reglamento aprobado. Recortes presupuestales y reducción de créditos La auditoría también puso bajo revisión la situación financiera del Icetex y la disminución de los recursos destinados a financiar estudios superiores. De acuerdo con el balance presentado por la actual administración, durante el periodo analizado se registraron recortes presupuestales cercanos a los $1,75 billones. Esta situación habría coincidido con una fuerte reducción en la colocación de créditos educativos: mientras en 2024 se otorgaron alrededor de 70.000, en 2025 la cifra cayó a 10.621. Otro de los aspectos señalados tiene que ver con la eliminación, en 2026, de los recursos destinados al subsidio de las tasas de interés, una decisión que habría afectado a cerca de 200.000 beneficiarios. Aumento de contratistas y gastos de funcionamiento El informe también cuestiona el crecimiento de la contratación de personal por prestación de servicios. Según las cifras divulgadas, entre 2022 y 2026 el número de contratistas aumentó un 80 %. Además, los gastos asociados a esta modalidad de vinculación superaron los $70.000 millones durante el último año, con un incremento superior al 140 % en el rubro de contratación de personal. Con el traslado de la documentación a los organismos de control, se espera que la Procuraduría y la Contraloría determinen si existieron irregularidades y si hay lugar a establecer responsabilidades disciplinarias o fiscales.