La contratación de los inmuebles utilizados por las sedes territoriales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó en el centro de un nuevo cuestionamiento político. La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, denunció que el tribunal habría tercerizado estos procesos mediante convenios de cooperación internacional por un valor de $21.668 millones. De acuerdo con la congresista, la JEP habría suscrito al menos cuatro convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo de la ONU, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), vinculada al sistema interamericano, para gestionar la contratación de los inmuebles de sus sedes territoriales. Posada cuestionó que esta modalidad permitiera que los contratos de arrendamiento fueran gestionados bajo las reglas de los organismos internacionales, sin que cada proceso tuviera que publicarse directamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Para la senadora, este mecanismo plantea interrogantes sobre la transparencia de los procedimientos, los precios pagados por los inmuebles y los criterios utilizados para seleccionar cada edificio. Además, advirtió sobre una posible utilización de los convenios internacionales para evitar la aplicación de las normas de contratación pública, una situación que, según sostuvo, debe ser examinada. La congresista respaldó sus señalamientos con documentos publicados en sus redes sociales y aseguró que sus cuestionamientos no se limitan a estos contratos. Según las cifras que ha divulgado, entre 2018 y 2026 la JEP habría suscrito 22 convenios de cooperación internacional con el PNUD por un valor de $182.120 millones. Posada también cuestionó la composición de los aportes anunciados por ese organismo, al señalar que buena parte de su contribución se habría realizado en especie y que el costo efectivo terminó recayendo sobre los recursos públicos colombianos. La senadora también ha puesto bajo la lupa los gastos de arrendamiento del tribunal. Entre sus denuncias figura el contrato del edificio Torre Squadra, en Bogotá, por $160.005 millones durante el periodo comprendido entre 2017 y 2026, así como la contratación de una segunda sede por $10.730 millones entre 2024 y 2026. Sobre este último punto, Posada recordó que inicialmente se había justificado la elección de Torre Squadra bajo el argumento de que la JEP debía concentrar su funcionamiento en una sola sede, descartando otras alternativas que contemplaban varios edificios y que, según la información conocida entonces, podían resultar más económicas. Los cuestionamientos de la congresista también se han extendido a las actuaciones judiciales del tribunal, particularmente a las audiencias relacionadas con Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', en las que se abordaron hechos vinculados al conflicto armado, entre ellos el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
JEP tercerizó contratación de inmuebles de sedes territoriales en convenios de cooperación internacional por $ 21.000 millones
La senadora del Centro Democrático cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz recurriera a convenios con organismos internacionales para contratar los inmuebles de sus sedes territoriales.
