¿Escándalo de tierras de Petro superará al de la Ungrd?

La reforma agraria de Gustavo Petro podría terminar convertida en otro gigantesco escándalo de corrupción, posiblemente más grave que el de la UNGRD y eso ya es mucho decir. Lo que están descubriendo los organismos de control es absolutamente escandaloso y podría convertirse en uno de los mayores golpes contra el legado político del Pacto Histórico. Durante su gobierno, Petro convirtió la reforma agraria en una de sus principales banderas. Prometió entregar tierras a campesinos y víctimas del conflicto, acabar con la concentración de la propiedad rural y transformar el campo colombiano. Para cumplir esa promesa, la Agencia Nacional de Tierras recibió recursos multimillonarios que debían traducirse en propiedades productivas, legalizadas y entregadas a sus beneficiarios. Pero los resultados de las auditorías revelan una realidad desoladora. La Contraloría General de la República, encontró presuntas irregularidades fiscales por más de 160.000 millones de pesos en las compras realizadas entre 2022 y abril de 2024. Detectó terrenos con graves limitaciones para la agricultura, problemas de titulación y propiedades que no habían sido transferidas formalmente. Es decir, el Gobierno compraba tierras sin garantizar que sirvieran para producir ni que pudieran entregarse legalmente a los campesinos. Sin embargo, lo más escandaloso apareció en la auditoría de 2025. La Agencia Nacional de Tierras desembolsó aproximadamente 979.000 millones de pesos para adquirir 537 predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Pero, al 22 de junio de 2026, solamente tres estaban registrados a nombre de la Nación e incorporados formalmente al Fondo de Tierras. ¡Casi un billón de pesos desembolsado y apenas tres predios con la propiedad legalmente consolidada! Una situación verdaderamente vergonzosa que exige explicaciones sobre quién autorizó los pagos, por qué se hicieron sin completar los trámites jurídicos y quién debe responder por semejante desorden. Y las denuncias no terminan allí. La actual directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, ha señalado presuntas irregularidades adicionales en la administración del exdirector Felipe Harman. También ha advertido que lo ocurrido podría resultar más vergonzoso que el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Recordemos que la Contraloría cuestionó contratos por cerca de cinco billones de pesos en la UNGRD, correspondientes a actuaciones desarrolladas durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. En la Agencia de Tierras, las investigaciones tienen que establecer cuánto dinero pudo perderse realmente, porque los recursos desembolsados no equivalen necesariamente a corrupción comprobada. Pero aquí existe un agravante político que no puede ignorarse. La reforma agraria no era un programa cualquiera. Era uno de los grandes compromisos sociales de Gustavo Petro, una promesa que utilizó para presentarse como el presidente que finalmente les haría justicia a los campesinos colombianos. Por eso resulta tan grave que los organismos de control hayan encontrado semejantes anomalías. ¿Cómo pretendía Petro transformar el campo si su propia administración no garantizaba la legalización de las tierras? ¿Quién vigilaba los recursos? ¿Qué responsabilidad política tiene el expresidente por lo ocurrido bajo la dirección de Felipe Harman? Y hay algo todavía más preocupante. Mientras el Gobierno anunciaba hectáreas entregadas y celebraba supuestos avances históricos, las auditorías advertían que muchas propiedades seguían enfrentando problemas jurídicos. Porque entregar simbólicamente una finca no significa necesariamente convertir a una familia campesina en propietaria. Ese es precisamente el fondo de este escándalo. Petro prometió entregarles tierras a los campesinos, pero ahora su gobierno tiene que responder por cientos de predios cuyo traspaso legal no estaba resuelto. La distancia entre la propaganda oficial y los resultados administrativos puede terminar siendo devastadora para su legado. La Fiscalía y los organismos de control deberán determinar si hubo corrupción, negligencia administrativa o responsabilidades penales. Nadie puede anticipar sus conclusiones. Pero los hallazgos conocidos ya permiten formular un cuestionamiento político contundente. ¿Cómo es posible que un gobierno que hizo de la justicia social su principal bandera terminara con semejantes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a los campesinos? La reforma agraria debía ser uno de los mayores logros de Gustavo Petro. Hoy corre el riesgo de convertirse en uno de sus mayores fracasos. Porque una cosa es prometerles tierras a los pobres y otra muy distinta es administrar miles de millones de pesos sin garantizar que esas tierras lleguen legalmente a sus manos. Y si las investigaciones confirman responsabilidades penales, el país podría estar frente a un escándalo de corrupción de proporciones históricas. Gustavo Petro tendrá que responder políticamente por lo ocurrido. Y Felipe Harman deberá explicar las decisiones administrativas tomadas durante su gestión. La pregunta es demoledora, pero pertinente: ¿la reforma agraria fue una transformación histórica del campo colombiano o una gigantesca promesa que terminó enterrada entre irregularidades, tierras sin legalizar y miles de millones de pesos bajo cuestionamiento? Y es que en política, nada es casualidad.