JEP imputó a 'Timochenko' y Pastor Alape por crímenes de guerra y lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos integrantes de las estructuras de mando de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por su responsabilidad en graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Entre los señalados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, antiguos integrantes del Secretariado de esa organización guerrillera. La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las antiguas Farc y que no fueron incluidos en otros macrocasos de la jurisdicción. De acuerdo con la investigación, los 11 comparecientes fueron identificados como máximos responsables de crímenes de guerra, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, ataques deliberados contra la población civil y bienes protegidos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual. La imputación también contempla crímenes de lesa humanidad, como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. Por la gravedad de estas conductas, la JEP recordó que no son susceptibles de amnistía ni de perdón judicial. La investigación documentó patrones de violencia El proceso, desarrollado bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, estableció que los crímenes atribuidos a estas estructuras no fueron acontecimientos aislados, sino que respondieron a dos patrones sistemáticos de violencia. El primero estuvo relacionado con el control social y territorial. Según la JEP, las Farc impusieron mecanismos de intimidación y sometimiento en comunidades con escasa presencia institucional, mediante amenazas, señalamientos contra personas consideradas colaboradoras del enemigo y castigos a quienes incumplían las normas impuestas por la guerrilla. En ese contexto fueron perseguidos integrantes de comunidades religiosas, docentes, organizaciones campesinas y miembros de las Juntas de Acción Comunal, así como representantes de organizaciones como la ANUC y la ATCC. Uno de los hechos más graves documentados ocurrió en 2004, en la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander. Allí, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años. La investigación también estableció que la violencia sexual fue utilizada como mecanismo de intimidación, castigo y control contra la población civil. Ataques contra la población civil y la infraestructura El segundo patrón identificado corresponde a los crímenes cometidos durante las hostilidades. En este apartado, la jurisdicción documentó el uso de armas y explosivos de efectos indiscriminados en ataques contra poblaciones y centros urbanos. Entre los episodios señalados está la toma de Chalán, Sucre, en 1996, cuando integrantes del Frente 35 utilizaron un burro cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos. La detonación destruyó parte del casco urbano, causó la muerte de 11 policías y provocó el desplazamiento de numerosos habitantes, dejando prácticamente abandonada a la población. También fueron documentados atentados como el carro bomba detonado frente a Caracol Radio, en Bogotá, en 2010, y el ataque perpetrado en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, mediante un vehículo de helados acondicionado con explosivos. A estos hechos se suman los sabotajes contra la infraestructura energética y petrolera, que ocasionaron graves afectaciones ambientales en fuentes hídricas como el río Catatumbo.