¡El consulado fantasma de Petro!

¡Un consulado que nunca abrió sus puertas, una funcionaria vinculada a la campaña de Petro y casi 500 millones de pesos en desembolsos del Estado! Así terminó una operación diplomática que obliga a preguntarse hasta dónde llegó el derroche de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro. La protagonista es Maryory Pabón, quien participó en la campaña presidencial de Petro en Canadá y posteriormente fue nombrada cónsul en Calgary. La justicia anuló su designación porque había 30 diplomáticos de carrera que podían ocupar ese puesto. Pero aquí viene lo insólito: trece días antes del fallo, Petro ya la había nombrado en Tijuana, México, con un cargo superior y una remuneración reportada de 14.700 dólares mensuales. Y lo verdaderamente escandaloso es lo que ocurrió después. El consulado de Tijuana nunca abrió oficialmente sus puertas, pero los desembolsos asociados a su operación superaron los 153.000 dólares, cerca de 483 millones de pesos, entre salarios, viáticos y otros gastos. Incluso quedó una deuda por el arriendo de una oficina que jamás funcionó como sede consular. Pabón asegura que sí trabajó y que realizó 211 trámites mediante un consulado móvil. Esa explicación debe examinarse con rigor. Porque una cosa es realizar actividades consulares y otra muy distinta es justificar todos los recursos destinados a una sede que nunca entró en funcionamiento. Más aún cuando la propia Cancillería informó que no tenía sus reportes mensuales de gestión. Aquí no estamos hablando simplemente de una oficina cerrada. Estamos hablando de cómo se administró el dinero de los colombianos, de los controles que debían existir y de las decisiones de un gobierno que llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios políticos. Y esa es la contradicción que Petro tiene que explicar. Mientras millones de colombianos enfrentaban dificultades económicas, su administración comprometía recursos multimillonarios en una operación diplomática cuya ejecución hoy está bajo cuestionamiento. El dinero público no aparece por arte de magia. Sale de los impuestos que pagan los trabajadores, los comerciantes y las empresas. Por eso, cada peso que se destina a un cargo diplomático debe corresponder a una necesidad real, un servicio comprobable y una gestión transparente. El problema de fondo es todavía más grave: cuando un gobierno convierte los nombramientos diplomáticos en decisiones que parecen responder más a la cercanía política que a criterios técnicos, abre la puerta al clientelismo y debilita la carrera diplomática. Eso no demuestra por sí solo que existiera un intercambio de favores. Pero sí exige respuestas concretas. ¿Por qué se nombró a Pabón cuando existían funcionarios de carrera? ¿Por qué se mantuvieron los gastos sin abrir oficialmente el consulado? ¿Quién supervisó los pagos? ¿Dónde están los soportes completos de la gestión? Petro convirtió la austeridad en una bandera política. Por eso resulta especialmente grave que su administración tenga que explicar gastos de esta magnitud en una representación consular que nunca abrió al público. Un gobierno no puede exigir sacrificios económicos a los ciudadanos mientras deja dudas sobre la necesidad y el control de sus propios gastos. Tampoco puede hablar de transparencia y pretender que los cuestionamientos desaparezcan con discursos. Aquí corresponde determinar qué recursos fueron debidamente ejecutados, cuáles pudieron desperdiciarse y quién debe responder si se comprueban irregularidades. Porque el verdadero escándalo no se limita a los 483 millones de pesos. Es la posibilidad de que el Estado haya financiado una estructura diplomática sin los controles suficientes para garantizar que el dinero cumpliera su propósito. Y si se demuestra que hubo pagos injustificados, no bastarán las explicaciones políticas. Tendrá que haber responsables y recuperación de los recursos públicos. La diplomacia no puede convertirse en refugio de cuotas políticas, ni el presupuesto nacional en una caja sin control. Y es que en política, nada es casualidad.