¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando más impuestos para sostener un Estado que cuesta una fortuna, gasta demasiado y se resiste a reducir su burocracia? ¿Hasta cuándo la solución a cada crisis fiscal será meterle la mano al bolsillo de los mismos colombianos de siempre? Cambia el presidente, cambia el nombre de la reforma, cambia el discurso político, pero la cuenta siempre termina llegando al bolsillo de la gente. Otra reforma tributaria, más impuestos y nuevos sacrificios para los ciudadanos. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella acaba de presentar al Congreso su Ley de Rescate Económico. No voy a desconocer la gravedad del desastre fiscal que recibió del desastroso e irresponsable gobierno de Gustavo Petro, ni los esfuerzos que ya está haciendo para reducir el gasto público. Pero hay una discusión que Colombia no puede seguir aplazando: ¿por qué la solución a nuestros problemas fiscales siempre termina siendo cobrar más impuestos? Las cifras son escandalosas. El presupuesto nacional para 2027 asciende a 634,9 billones de pesos. De esa suma, 391,4 billones se destinan a funcionamiento, 155,4 billones al servicio de la deuda y apenas 88,1 billones a inversión. Es decir, gastaremos casi cuatro pesos y medio en funcionamiento por cada peso destinado a inversión pública. Y mientras el déficit fiscal podría acercarse al 9,4 % del producto interno bruto, la reforma plantea ampliar el alcance del IVA y modificar el impuesto de renta para que más ingresos de las personas naturales queden gravados. Nuevamente, el bolsillo de los colombianos aparece como parte de la solución. Es cierto que el Gobierno ya decretó recortes por 13,8 billones de pesos y propone reorganizar entidades, eliminar duplicidades y reducir los costos de personal. Es un esfuerzo que debe reconocerse, pero el verdadero desafío no consiste en anunciar ahorros, sino en conseguir que el Estado sea permanentemente menos costoso. Y aquí viene la discusión de fondo. ¿Cuántas entidades públicas necesitamos realmente? ¿Por qué tenemos una Contraloría General y numerosas contralorías territoriales? ¿Cuánto cuesta mantener estructuras administrativas que podrían modernizarse, fusionarse o simplificarse? Tenemos Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y una enorme cantidad de organismos que cumplen funciones diferentes, pero cuyos costos y resultados merecen una evaluación rigurosa. No se trata de acabar con el control del Estado ni de debilitar la justicia. Se trata de preguntarnos si podemos cumplir esas mismas funciones con menos burocracia y mejores resultados. En plena era de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital, resulta absurdo mantener procedimientos obsoletos y estructuras diseñadas para una realidad de hace varias décadas. ¿Cuántos cargos innecesarios podrían eliminarse? ¿Cuántos trámites podrían automatizarse? ¿Cuántos billones podrían ahorrarse? Y hay algo todavía más delicado. Los organismos públicos no pueden seguir siendo instrumentos para repartir cuotas burocráticas, pagar favores políticos o satisfacer compromisos electorales. Colombia necesita instituciones eficientes, no estructuras administrativas utilizadas como botín político. Tampoco podemos olvidar la evasión tributaria. La DIAN estimó años atrás pérdidas anuales de 20,7 billones de pesos por evasión del IVA y de 21,6 billones por evasión de renta empresarial. Aunque son cifras históricas, revelan la dimensión del problema. ¿Por qué no concentrar mayores esfuerzos en recuperar los impuestos que ya deberían pagarse? El presidente Abelardo De La Espriella tiene una oportunidad extraordinaria. Llegó al poder prometiendo decisiones disruptivas y una transformación profunda del Estado. Su reforma contempla facultades para fusionar y suprimir entidades y reducir los costos de personal. Ahora tiene que demostrar que esas propuestas se convertirán en resultados concretos. Y el Congreso no puede limitarse a discutir cuánto IVA pagaremos o quiénes tendrán que declarar renta. Debe exigir una verdadera transformación administrativa. Además, la reforma todavía necesita aprobación legislativa, y muchas de sus disposiciones podrían modificarse o rechazarse. De todo esto saco tres conclusiones fundamentales. Primera. El desastre fiscal heredado puede explicar la urgencia de una reforma tributaria, pero no puede convertirse en una justificación permanente para aumentar los impuestos. Hay que corregir las causas del problema, no simplemente conseguir más dinero para financiarlo. Segunda. El verdadero éxito del presidente De La Espriella no será lograr que el Congreso apruebe nuevos tributos. Será demostrar que Colombia puede tener un Estado más pequeño, moderno y eficiente, capaz de controlar la evasión y combatir el despilfarro. Y tercera. Si este Gobierno no aprovecha su capital político para transformar la estructura del Estado, dentro de cuatro años estaremos discutiendo exactamente lo mismo: otro presidente, otra crisis fiscal, otra reforma tributaria y nuevos impuestos. Colombia no puede seguir siendo un país donde los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón mientras el Estado conserva sus privilegios. El sacrificio también tiene que comenzar por la burocracia, los gastos innecesarios y las estructuras que ya no se justifican. Porque un país no se rescata cobrándoles cada vez más impuestos a sus ciudadanos para sostener los mismos problemas de siempre. Se rescata eliminando esos problemas para que algún día deje de necesitar tantos impuestos. Y es que en política, nada es casualidad.
ORIGINALES · OPINIÓN DE RRP
¡Basta de exprimir a los colombianos!
El debate por la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella reabre la discusión sobre el gasto público, el tamaño del Estado y la necesidad de combatir la evasión tributaria.
