Ing. Leonardo Pereira Doctor en Economía Docente Universitario El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2025, y para el Atlántico hay poco que celebrar. De los 23 municipios del departamento, incluido el Distrito de Barranquilla, solo tres alcanzaron la categoría de solventes: Barranquilla, con 72,36 puntos; Tubará, con 71,91, y Puerto Colombia, con 70,05. Los veinte restantes se distribuyen entre cinco municipios vulnerables y quince en riesgo. A esto se suma que el promedio departamental, de 57,62 puntos, también se ubica en esta última categoría. Sin embargo, sería un error interpretar estas cifras como un simple asunto de contabilidad. El IDF mide una realidad que los ciudadanos experimentan a diario, aunque no siempre la identifiquen por su nombre: la capacidad de una alcaldía para generar recursos propios y disponer de ellos para financiar obras que transformen la vida de sus comunidades. Cuando un municipio obtiene una calificación desfavorable, lo que realmente se deteriora es su capacidad de inversión y, sin inversión, el desarrollo termina quedándose en los planes. Qué mide el índice El IDF está compuesto por dos dimensiones. La primera, que representa el 80 % de la calificación, evalúa los resultados fiscales: el grado de dependencia de las transferencias de la Nación, los recursos destinados a formación bruta de capital fijo (vías, redes de acueducto, colegios y parques), el manejo de la deuda, la generación de ahorro corriente y el cierre de la vigencia en déficit o superávit. La segunda dimensión, equivalente al 20 % restante, examina la gestión financiera, es decir, la capacidad de los municipios para programar sus ingresos de manera realista y ejecutar adecuadamente los recursos presupuestados. Adicionalmente, el DNP incorpora bonificaciones asociadas a buenas prácticas de gestión. Dónde están las debilidades De acuerdo con la metodología del DNP, los municipios en riesgo se caracterizan por una alta dependencia de las transferencias y una baja inversión en capital. Por su parte, aquellos clasificados como vulnerables pueden cumplir los límites legales de deuda y gasto, pero presentan dificultades similares, aunque en menor magnitud. En otras palabras, buena parte de los municipios del Atlántico sostiene sus finanzas con los recursos que recibe de la Nación, principalmente a través del Sistema General de Participaciones. Al tener estos recursos una destinación específica para sectores como educación, salud y agua potable, el margen de maniobra de los alcaldes para establecer prioridades propias resulta bastante limitado.
Esta problemática, por supuesto, no es exclusiva del departamento. En 2024, el IDF promedio nacional fue de 55,86 puntos y la dependencia de las transferencias alcanzó el 74,3 %, según el mismo DNP. No obstante, que se trate de una dificultad generalizada no significa que deba restársele importancia. Un municipio que no genera suficientes ingresos propios difícilmente puede acceder a crédito en condiciones favorables, aportar las contrapartidas necesarias para proyectos cofinanciados o financiar iniciativas estratégicas sin depender de las decisiones de otros niveles de gobierno. Al final, estas limitaciones se reflejan en la vida cotidiana de los ciudadanos: calles sin pavimentar, acueductos que no se amplían y escenarios deportivos que terminan convirtiéndose en promesas recurrentes de campaña. Lo que muestra la tabla del Atlántico Los resultados de los municipios del Atlántico dejan, además, varias señales que merecen especial atención.
La primera es que el tamaño del municipio no determina necesariamente su desempeño fiscal. Tubará, un municipio de sexta categoría, ocupó el segundo lugar del departamento. En contraste, Malambo, de tercera categoría y perteneciente al área metropolitana, quedó penúltimo, con 46,91 puntos. Por su parte, Soledad, el municipio más poblado después de Barranquilla, obtuvo 65,22 puntos y se ubicó en la categoría de vulnerable. Estas diferencias entre municipios vecinos, que comparten vías, espacios y dinámicas laborales, dicen mucho más sobre la gestión fiscal que sobre las condiciones geográficas. La segunda señal está en los resultados más bajos. Baranoa ocupó el último lugar, con 43,38 puntos, apenas a poco más de tres puntos del umbral de 40, por debajo del cual el DNP identifica una situación de deterioro. A su vez, Campo de la Cruz (49,82) y Candelaria (49,86) tampoco están lejos de esa línea. Qué se puede hacer No hay fórmulas mágicas, pero sí tareas conocidas que dependen de la voluntad de cada administración. La primera es gestionar con justicia, eficiencia y transparencia el predial y el impuesto de industria y comercio, condición indispensable para la buena salud de las finanzas municipales. A eso se suma contener el gasto de funcionamiento, presupuestar con realismo, y aprovechar la asistencia técnica de la Gobernación y del DNP, además de explorar esquemas metropolitanos para proyectos que ningún municipio pequeño puede financiar solo. Un llamado a concejos y ciudadanos La responsabilidad de mejorar estos resultados no recae exclusivamente en los alcaldes y sus secretarios de Hacienda. Los concejos municipales, en su condición de corporaciones encargadas de aprobar los presupuestos y los estatutos tributarios, tienen el deber de ejercer un control efectivo y exigir el cumplimiento de metas fiscales verificables. De igual manera, los ciudadanos cuentan con herramientas para ejercer control social. El DNP dispone de un visor de consulta pública que permite revisar la calificación de cada municipio y sus indicadores. Preguntarle al alcalde cuánto recauda por concepto de impuesto predial o qué proporción de cada peso recaudado se convierte en obras y servicios públicos es una forma legítima y necesaria de participación ciudadana. Que solo tres de los 23 municipios del Atlántico tengan finanzas solventes es una realidad que el departamento no puede normalizar. Detrás de cada punto que se pierde en este índice hay oportunidades de inversión que se reducen y obras que dejan de hacerse. En definitiva, unas finanzas públicas sólidas no son un objetivo meramente administrativo: son una condición fundamental para generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.