El Gobierno de Abelardo de la Espriella redujo en 4.573 el número de contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios durante sus primeros dos meses de gestión, según un análisis de los registros publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II). De acuerdo con la revisión, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, el número de contratistas pasó de 102.338 a 97.765, lo que representa una disminución cercana al 4 %. El ahorro estimado por los contratos que no se renovaron y aquellos que terminaron anticipadamente asciende a $54.000 millones. La medida se enmarca en la política de austeridad del Ejecutivo, que busca reducir los gastos asociados a la contratación estatal. En esa misma dirección, una circular presidencial establece restricciones para las nuevas órdenes de prestación de servicios a partir de 2027: estas no podrán superar el 25 % de la línea base definida con los contratos suscritos por cada entidad durante 2025 y 2026. La disposición se suma a las instrucciones impartidas para revisar la ejecución de los contratos vigentes y determinar cuáles responden a necesidades efectivas de las entidades públicas. Contratos no renovados y terminaciones anticipadas La reducción se explica principalmente por la no renovación de contratos que llegaron a su fecha de vencimiento. Según el análisis citado, durante el periodo revisado finalizaron 11.839 contratos, de los cuales 1.562 fueron renovados con la misma persona. A estas salidas se suman alrededor de 1.264 terminaciones anticipadas durante los primeros 61 días de la administración. La cifra supera las registradas en el mismo periodo de los gobiernos de Gustavo Petro, con 961, y de Iván Duque, con 362. Según los datos examinados, cerca de la mitad de las terminaciones anticipadas se produjo por mutuo acuerdo. En el 32 % de los casos correspondientes al actual Gobierno, la iniciativa habría partido de los propios contratistas. Sin embargo, el proceso también ha generado cuestionamientos. En el Ministerio del Interior, algunas terminaciones por mutuo acuerdo habrían estado precedidas por comunicaciones de superiores que solicitaban a los contratistas acogerse a esa modalidad. Una de las dependencias afectadas fue la Dirección de Derechos Humanos. Jomary Ortegón, quien estuvo al frente de esa oficina durante el último año del Gobierno Petro, aseguró que la dependencia contaba con aproximadamente 180 personas y que, según información recibida de antiguos integrantes de su equipo, las salidas podrían haber alcanzado cerca del 70 % del personal. Ortegón cuestionó que, según su versión, las decisiones no habrían tenido suficientemente en cuenta las funciones desempeñadas por los contratistas ni la información que manejaban. Por su parte, el Ministerio del Interior defendió los recortes. El ministro Rodrigo Lara sostuvo que se terminaron contratos que consideraba vinculados a prácticas de administraciones anteriores y que se mantuvo al personal que, a juicio de la cartera, cumplía con sus responsabilidades. No obstante, la información citada no precisa los criterios aplicados para seleccionar los contratos que fueron terminados. Agencia Nacional de Tierras, entre las más afectadas La Agencia Nacional de Tierras (ANT) registra la mayor reducción entre las entidades mencionadas en el análisis. En total, 1.098 contratistas salieron de la institución: a 1.055 no se les renovó el contrato y otros 43 tuvieron una terminación anticipada. La disminución se produce después del importante crecimiento presupuestal que experimentó la entidad durante el Gobierno anterior. Según las cifras citadas, su presupuesto pasó de $271.300 millones en 2022 a $1,8 billones en 2023 y $4,1 billones en 2024. Posteriormente, descendió a $1,6 billones en 2025 y a $1,26 billones en 2026. La contratación de personal de apoyo también ha estado bajo escrutinio. De acuerdo con cifras divulgadas por Transparencia por Colombia, la ANT contrató a 6.276 personas para actividades de apoyo a la gestión entre enero y junio, pese a contar con una planta de 216 servidores públicos. El análisis también identifica reducciones en otras entidades, entre ellas el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Minería. La reducción también alcanza a contratistas de gobiernos anteriores Aunque el 71 % de los contratistas que salieron habría comenzado a trabajar con el Estado durante el Gobierno de Gustavo Petro, los recortes también afectaron a personas vinculadas en administraciones anteriores. Según los datos revisados, el 23 % de quienes salieron había ingresado durante el Gobierno de Iván Duque, mientras que el 6 % tenía una vinculación anterior a 2018. Las cifras reflejan un cambio en la política de contratación del Ejecutivo y abren el debate sobre el alcance de la austeridad estatal, los criterios utilizados para reducir personal por prestación de servicios y las consecuencias que estos ajustes pueden tener sobre la continuidad de los programas públicos.
De la Espriella estaría ahorrando $54.000 millones con casi 5.000 contratistas menos
Una revisión de los contratos estatales registrados en el Secop II muestra una reducción cercana al 4 % entre agosto y octubre de 2026. La Agencia Nacional de Tierras encabeza la lista de entidades con más salidas.
