El Ministerio de Salud anunció una revisión detallada de la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, actualmente intervenido, luego de que se denunciaran presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y la administración de la institución. Según lo expuesto por el presidente Abelardo De La Espriella, entre las posibles anomalías estarían la existencia de nóminas paralelas, contratos de aseo y radiología presuntamente relacionados con personas cercanas a la Gobernación, así como equipos médicos almacenados en condiciones que podrían ocasionar su deterioro. El mandatario también cuestionó un supuesto contrato de fotocopiadoras por 60 millones de pesos mensuales y señaló que en los hechos denunciados podría estar involucrado un diputado. Las afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes. De La Espriella aseguró que se conformará un equipo forense para examinar la contratación del hospital, junto con un grupo técnico encargado de apoyar el fortalecimiento de los servicios asistenciales. La revisión, según anunció, abarcará los contratos y los recursos comprometidos, con el propósito de establecer si existieron irregularidades y determinar las posibles responsabilidades. Por su parte, la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, confirmó que se realizará una verificación exhaustiva de las denuncias. La funcionaria sostuvo que los recursos destinados al sector deben utilizarse para atender a los pacientes, garantizar el pago del talento humano, adquirir medicamentos y mantener en funcionamiento los servicios médicos. Vesga también advirtió que la intervención del hospital debe traducirse en mejoras concretas para los habitantes del archipiélago y no limitarse a un cambio de administración. Como parte de las medidas de fortalecimiento institucional, el sector salud acompañará acciones para mejorar la capacidad asistencial del centro médico, entre ellas la incorporación de una nueva ambulancia y el refuerzo de los equipos biomédicos. El proceso de revisión buscará establecer si las situaciones denunciadas tienen sustento y si existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales. Cualquier señalamiento deberá ser evaluado con las garantías correspondientes y las conclusiones dependerán de los resultados de las investigaciones.

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