Una revisión a los procesos de contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) terminó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso bajo cuestionamiento 148 convenios que, en conjunto, superan los 125.000 millones de pesos y que fueron suscritos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la concentración de compromisos presupuestales en un periodo particularmente corto. La revisión adelantada por el Ministerio no se limita al volumen de dinero involucrado. Entre las situaciones identificadas mencionó presuntos incumplimientos de requisitos legales y posibles falsedades relacionadas con documentos, fechas y firmas. El ministerio cuestionó las razones por las cuales se concentró semejante cantidad de contratación en los días previos a las restricciones de la Ley de Garantías y pidió establecer quiénes recibieron los recursos y cuál fue su destinación. La denuncia busca que los organismos competentes examinen los procesos y determinen si existieron irregularidades administrativas o posibles conductas que puedan tener consecuencias penales. De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno, 2025 fue el año en el que se destinó el mayor presupuesto para promoción turística internacional. Sin embargo, ese mismo periodo habría registrado una disminución en el ingreso de viajeros procedentes del exterior. A estas cifras se suma, según la información presentada por la cartera de Comercio, un comportamiento negativo durante 2026. El funcionario indicó que se acumularon cinco meses consecutivos de disminuciones en los registros mensuales, con una caída cercana al 4,6 % hasta agosto. Estos datos fueron utilizados por el ministro para cuestionar la efectividad de los recursos invertidos en la promoción de Colombia como destino turístico y pedir explicaciones sobre los resultados obtenidos. El caso de los 148 convenios de Fontur queda ahora bajo la atención de la Fiscalía, entidad que deberá examinar la documentación y establecer si hubo vulneraciones a las normas de contratación pública. La investigación será clave para determinar qué ocurrió con los más de 125.000 millones de pesos comprometidos en esos procesos y si las decisiones de contratación se ajustaron a la legislación vigente.

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