Maquinaria contractual en el ICBF: 1.407 contratistas buscaban seguir vinculados a programas que ya habían terminado

La contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quedó en el centro de una controversia tras las denuncias presentadas por su directora, Carolina Restrepo, quien aseguró que encontró presuntas irregularidades en la vinculación de personal y en la continuidad de programas institucionales. Durante una intervención ante la Comisión Séptima del Senado, la funcionaria reveló que 1.407 personas estaban vinculadas a tres programas cuya continuidad fue cuestionada por la nueva administración. Según explicó, cuando se expidió la circular 006, comenzaron las presiones para acelerar las adiciones contractuales, pese a que algunos de esos servicios ya habían terminado. La directora cuestionó la intención de prolongar las vinculaciones cuando, según sus declaraciones, los programas que justificaban esas contrataciones habían dejado de funcionar. Entre las personas relacionadas con estos procesos también habría cerca de 200 madres gestantes. Las cifras entregadas por el propio instituto muestran un crecimiento significativo de la contratación por prestación de servicios durante el Gobierno de Gustavo Petro. Entre 2022 y 2024, el número de contratos de profesionales y personal de apoyo pasó de 6.427 a 9.795, lo que representa un incremento del 52,4 %, equivalente a 3.368 vinculaciones adicionales. El aumento no se limitó al ICBF. De acuerdo con los datos divulgados por Restrepo, los contratos de prestación de servicios en el conjunto de las entidades estatales pasaron de 221.201 a 418.805 entre agosto de 2022 y junio de 2025. El valor de estas contrataciones también habría aumentado, al pasar de 8 a 15 billones de pesos. Los tres programas bajo cuestionamiento Una respuesta del ICBF a un derecho de petición presentado por el representante Mauricio Toro permitió conocer cómo se distribuían los 1.407 contratos señalados por la directora. De acuerdo con la información oficial, 890 personas estaban vinculadas al programa Somos Familia, Somos Comunidad; otras 65 hacían parte de Tejiendo Caminos sin Fronteras, mientras que 452 estaban relacionadas con Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios. Los documentos también establecen los periodos de ejecución de estos servicios. Somos Familia, Somos Comunidad tenía vigencia entre el 30 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026. Tejiendo Caminos sin Fronteras se desarrolló entre el 1 de febrero y el 22 de agosto de 2026, mientras que el tercer programa tenía ejecución prevista hasta el 30 de noviembre de ese año. Sin embargo, la respuesta institucional señaló que no existía una auditoría, acto administrativo o diagnóstico específico que examinara de manera integral la transparencia y el desarrollo de estos contratos. Este punto abre interrogantes sobre los criterios utilizados para justificar las vinculaciones, las eventuales ampliaciones y los mecanismos de supervisión aplicados durante la ejecución de los recursos públicos. Ante el panorama, Restrepo anunció que adelantaría una revisión individual de los contratos, funcionarios y operadores. También aseguró que, si encuentra elementos que indiquen posibles irregularidades, trasladará la información a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes. Restrepo cuestiona el manejo de los recursos Las críticas de la directora no se limitaron al número de contratistas. Durante su intervención ante el Congreso, también cuestionó la pertinencia de algunas vinculaciones y las funciones que encontró dentro de la estructura administrativa del instituto. Restrepo aseguró que identificó personas contratadas para desarrollar actividades relacionadas con la narrativa institucional, además de perfiles como un músico y un muralista que, según su cuestionamiento, requieren una explicación sobre su necesidad dentro de la entidad. La funcionaria también puso la atención sobre los recursos destinados a La Guajira. Según afirmó, durante los últimos cuatro años se habrían girado alrededor de 3 billones de pesos al departamento y cuestionó los resultados obtenidos con esas inversiones. «El tema no es falta de recursos, el tema es que se están feriando la plata», manifestó Restrepo al referirse al manejo presupuestal que encontró en el ICBF. Las declaraciones plantean la necesidad de establecer si los recursos destinados a los distintos programas cumplieron los objetivos previstos y si las contrataciones respondieron a necesidades reales de atención a la población beneficiaria.