En Estados Unidos, Alex Saab confesó que lavó dinero y aceptó entregar 195 millones de dólares. En Colombia, después de seis años de investigaciones, la Fiscalía fue incapaz de demostrar de dónde salió la plata para comprar siete propiedades vinculadas al mismo personaje. ¡Increíble, pero real! Mientras la implacable justicia de Estados Unidos logró llevarlo ante un juez y obtener una confesión, aquí en Colombia, el aparato judicial terminó derrotado en los tribunales. Y ahora tendrá que devolver bienes relacionados con Saab, entre ellos una mansión en Barranquilla avaluada en unos 28.000 millones de pesos. ¿De verdad la Fiscalía colombiana fue incapaz de seguirles la pista a esos recursos? ¿O estamos frente a otro caso de negligencia que exige investigar a los propios investigadores? Porque este no era un empresario cualquiera. Alex Saab llevaba años señalado por sus negocios multimillonarios con el régimen de Nicolás Maduro. Su nombre aparecía en investigaciones internacionales por lavado de activos, sobornos y operaciones financieras sospechosas. No era precisamente un desconocido que pudiera pasar inadvertido ante las autoridades. En julio de 2020, la Fiscalía ocupó siete propiedades vinculadas a Saab. Tuvo años para investigar, rastrear transacciones, examinar sociedades, solicitar información internacional y demostrar ante los jueces que esos bienes tenían origen ilícito. ¿Y cuál fue el resultado? En enero de 2025 perdió el proceso en primera instancia. En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la derrota: las pruebas presentadas no eran suficientes para quitarles definitivamente esos bienes a sus propietarios. Seis años para terminar con semejante resultado. Aquí conviene hacer una distinción fundamental. La confesión de Saab en Miami no demuestra automáticamente que los inmuebles de Barranquilla fueran comprados con dinero ilícito. Tampoco se puede responsabilizar a los magistrados por exigir pruebas. Eso es lo que ordena la ley. El escándalo es que la Fiscalía, con todo su presupuesto, sus investigadores y sus facultades legales, no haya logrado presentar un caso que resistiera el examen judicial. Y semejante fracaso no se puede despachar con un comunicado. Pero todavía hay un detalle más delicado: Diana Patricia Bravo Vélez, actual presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, trabajó anteriormente como abogada en asuntos relacionados con Alex Saab. Y ahora está al frente de la entidad que debe ejecutar la devolución de esas propiedades. Eso no prueba que exista una actuación ilegal. Pero exige una explicación pública sobre las medidas adoptadas para impedir cualquier conflicto de interés. Porque una cosa es respetar las decisiones judiciales y otra muy distinta es pedirles a los colombianos que acepten semejantes coincidencias sin exigir transparencia. La Fiscalía tiene que explicar quién investigó, qué pruebas consiguió, cuáles dejó de buscar y por qué no pudo demostrar el origen ilícito de los bienes. Y si hubo funcionarios negligentes, deben responder. Si alguien omitió pruebas deliberadamente, debe investigarse. Y si hubo errores graves durante años, los responsables no pueden esconderse detrás de una sentencia que precisamente dejó al descubierto las debilidades de su trabajo. No estoy pidiendo que condenen a nadie sin pruebas. Estoy exigiendo algo mucho más elemental: que los encargados de investigar delitos complejos hagan su trabajo con rigor. Porque cuando una investigación de semejante importancia termina así, el daño no se limita a siete propiedades. También se pierde dinero público, credibilidad institucional y confianza en la capacidad del Estado para perseguir fortunas de origen criminal. En Estados Unidos, Alex Saab tuvo que responder por sus delitos. En Colombia, quienes deben dar explicaciones son los investigadores que no lograron sostener su caso. Y ese es el fondo de esta vergüenza: una justicia que debe proteger al ciudadano inocente, pero que también está obligada a investigar con seriedad al criminal, sin importar cuánto dinero tenga o con quién se relacione. A Saab le exigieron cuentas en Miami. Aquí llegó la hora de exigírselas a la Fiscalía. Y es que en política, nada es casualidad.
ORIGINALES · OPINIÓN DE RRP
Alex Saab: justicia en ridículo
Seis años después de iniciada la investigación, los tribunales consideraron insuficientes las pruebas para mantener la extinción de dominio sobre los inmuebles, incluida una mansión en Barranquilla.

