¿Museo o propaganda?

Retiran un afiche del M-19 y algunos reaccionan como si hubieran profanado un santuario. Después bloquearon la carrera Séptima y la protesta termina en disturbios. ¿Desde cuándo los símbolos de una antigua guerrilla son sagrados y paralizar una ciudad se presenta como defensa de la democracia? La memoria histórica no exige rendirles culto a los exguerrilleros. Y ningún derecho a protestar incluye el derecho a imponer las propias ideas por la fuerza. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó retirar más de 30 piezas del Museo Nacional, entre ellas un afiche de Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19, el bolígrafo utilizado durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y otros objetos relacionados con movimientos políticos y sociales. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la decisión como parte de una revisión destinada a impedir que los espacios culturales del Estado se conviertan en instrumentos de adoctrinamiento político. Y hay razones históricas para discutir cómo se representa a quienes participaron en organizaciones armadas. El M-19 no fue una asociación de idealistas incomprendidos. Fue una organización criminal y terrorista que cometió secuestros, protagonizó acciones terroristas y atacó las instituciones democráticas. Basta recordar la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, una tragedia que dejó decenas de muertos y desaparecidos. La posterior desmovilización de esa guerrilla no borra sus responsabilidades. Y el asesinato de Carlos Pizarro, cuando ya había dejado las armas, tampoco convierte automáticamente toda su trayectoria en un ejemplo digno de exaltación. Una cosa es conservar documentos para explicar el pasado y otra muy distinta presentar a sus protagonistas como figuras merecedoras de admiración. La historia debe conocerse completa, sin ocultar sus crímenes ni silenciar a las víctimas. Pero lo ocurrido en Bogotá tuvo otro capítulo. Cerca de 500 personas participaron en una manifestación contra el retiro de las piezas. Lo que comenzó como un plantón pacífico terminó con bloqueos en la carrera Séptima, enfrentamientos con unidades antidisturbios y la intervención de un vehículo lanzagua. Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, después de los enfrentamientos quedaron algunas personas con el rostro cubierto lanzando objetos contundentes contra el dispositivo policial. Los objetos también alcanzaron vehículos que transitaban por el sector. Y aquí es donde deben acabarse las justificaciones. Lanzar objetos contra los policías no es una expresión cultural. Agredir a los uniformados no es defender la democracia. Y convertir una manifestación en un escenario de violencia no tiene absolutamente nada de heroico. El derecho a protestar está garantizado por la Constitución, pero también lo están los derechos de los ciudadanos que no participan en las manifestaciones. Y quienes recurren a la violencia deben responder por sus actos, independientemente de la causa política que invoquen. Nadie está obligado a compartir las decisiones del presidente De La Espriella. Lo que sí está obligado a respetar es la ley. Porque aquí hay dos asuntos que no deberían confundirse: el debate sobre la memoria histórica y la responsabilidad de quienes utilizan la violencia durante una protesta. Los crímenes de una antigua guerrilla no desaparecen porque sus dirigentes hayan firmado la paz. Y una agresión contra la Policía no deja de ser una agresión porque alguien la disfrace de resistencia política. Colombia tiene derecho a conocer su historia sin que ninguna organización armada sea tratada como intocable. También tiene derecho a que sus calles no se conviertan en escenarios de confrontación cada vez que una decisión del Gobierno desata inconformidad. La memoria no necesita ídolos armados. La democracia no necesita manifestantes violentos. Y la libertad no se defiende a pedradas. Y es que en política, nada es casualidad.