¿Por qué Angie Rodríguez no denunció “el Pacto de Valledupar” siendo funcionaria de Petro?

La controversia por el denominado ‘Pacto de Valledupar’ continúa generando cuestionamientos en la política colombiana. Las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso apuntan a una presunta utilización de los espacios de la política de paz total con fines políticos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según las versiones conocidas, los hechos se remontan a octubre de 2025, cuando diez excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), algunos de ellos designados como gestores de paz, se reunieron con representantes del Ejecutivo en una casa campestre de Valledupar, Cesar. El encuentro habría tenido como objetivo inicial revisar los avances del proceso de desmovilización y abordar asuntos relacionados con el cierre del proceso de Ralito. Sin embargo, Rodríguez sostiene que durante la reunión recibió instrucciones para solicitarles a los exparamilitares declaraciones públicas contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. De acuerdo con su testimonio, la petición generó incomodidad entre los asistentes y terminó frustrando el encuentro. La exfuncionaria afirmó que inicialmente creyó que la reunión respondía a los propósitos de la política de paz total. Posteriormente, según relató, habría conocido una intención diferente. En sus declaraciones también señaló que la instrucción de adelantar el encuentro provino del entonces presidente Gustavo Petro. Salvatore Mancuso, quien participó en la reunión, respaldó públicamente esa versión. El excomandante paramilitar aseguró que los delegados del Gobierno les solicitaron pronunciarse contra los tres dirigentes políticos, pero que ninguno de los presentes aceptó hacerlo. Mancuso explicó que la reunión había sido acordada con Petro durante un encuentro previo en Montería. Según su relato, la intención original era revisar el proceso de desmovilización de las AUC, examinar asuntos pendientes relacionados con Justicia y avanzar en el cierre del proceso de Ralito. No obstante, afirmó que la solicitud de realizar señalamientos públicos cambió el rumbo de la jornada. En el encuentro también estuvo el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, según la información publicada, se retiró antes de que concluyera la reunión. La versión conocida indica que su salida se produjo después de recibir una notificación relacionada con su inclusión en la denominada lista Clinton. Petro rechaza los señalamientos y pide divulgar las pruebas El expresidente Gustavo Petro negó haber ordenado presiones para que los exjefes paramilitares declararan contra dirigentes políticos. Sostuvo que no aceptará acusaciones de esa gravedad sin pruebas que demuestren su participación en los hechos denunciados. Además, pidió que se hagan públicas las actas, comunicaciones, grabaciones y demás documentos relacionados con la reunión de Valledupar. También cuestionó que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no hubieran denunciado oportunamente posibles irregularidades, si tuvieron conocimiento de ellas. Ante la controversia, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, investigar lo sucedido y escuchar las versiones de los involucrados. La pregunta sobre la actuación de Angie Rodríguez Uno de los interrogantes centrales del caso es por qué Angie Rodríguez no denunció los presuntos hechos cuando todavía ejercía funciones dentro del Gobierno Petro, especialmente si, como sostiene ahora, habría recibido instrucciones relacionadas con una solicitud de esa naturaleza. Por el momento, las declaraciones divulgadas no permiten establecer por sí solas cuáles fueron las razones de la exfuncionaria para no acudir antes a las autoridades, ni determinar si presentó comunicaciones o advertencias internas sobre lo ocurrido. Ese aspecto deberá esclarecerse a partir de su testimonio completo, los documentos disponibles y las eventuales actuaciones judiciales. La investigación también tendrá que establecer si existió alguna instrucción irregular, quiénes participaron en su formulación y si hubo actuaciones que puedan tener consecuencias legales. Hasta que las autoridades verifiquen los hechos, los señalamientos contra los involucrados deben entenderse como denuncias que requieren comprobación. El caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ abre así un nuevo frente de controversia sobre el alcance de la política de paz total y la relación entre los procesos de negociación con antiguos grupos armados y las disputas políticas. La publicación de las pruebas y el avance de las investigaciones serán determinantes para establecer qué ocurrió durante aquella reunión.