El proyecto de ley de sometimiento a la justicia dio un nuevo paso en el Congreso de la República tras la radicación de la ponencia positiva para su primer debate en las comisiones primeras conjuntas. La iniciativa, presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, busca establecer las condiciones jurídicas para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan a la justicia. Entre los principales ajustes incorporados por los congresistas ponentes se encuentra un mecanismo de verificación para impedir que personas ajenas a las estructuras criminales sean incluidas en los listados de beneficiarios de la norma. Para ello, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación deberán revisar previamente los nombres antes de que el Ministerio de Justicia acepte las listas de integrantes. El cambio busca cerrar la posibilidad de que personas que no pertenecen a estos grupos accedan indebidamente a eventuales beneficios penales. En la propuesta inicial, el Ministerio de Justicia recibía los listados presentados por las organizaciones bajo el principio de buena fe. Cambios en las penas y el tratamiento judicial La ponencia también introduce modificaciones en la terminología relacionada con la jerarquía dentro de las organizaciones ilegales. La expresión “rol de liderazgo” será reemplazada por “rol de mando”, con el propósito de armonizar el lenguaje del proyecto con el Código Penal. Asimismo, se establece que la acumulación de incentivos penales estará dirigida exclusivamente a los combatientes de base que no desempeñen funciones de mando. Para los líderes de las estructuras armadas se mantiene una pena mínima de 10 años de prisión. Otro de los ajustes se relaciona con los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). La ponencia precisa que las contrataciones directas de carácter reservado financiadas por este fondo deberán destinarse exclusivamente a proyectos de la Fuerza Pública. Más controles y seguimiento desde el Congreso El proyecto también fortalece los mecanismos de supervisión institucional. La obligación del Ministerio de Justicia de presentar un informe público anual ante el Congreso sobre los avances y dificultades en la aplicación de la ley quedó establecida en un artículo independiente. Con los cambios propuestos, el articulado pasa de 22 a 28 artículos, con el objetivo de facilitar su aplicación por parte de fiscales y jueces. La ponencia positiva abre el camino para la discusión legislativa de la iniciativa, cuyo primer debate está previsto para la próxima semana. El proyecto mantiene la decisión de no adelantar negociaciones políticas con grupos armados ilegales.
Ya fue radicada la ponencia para primer debate de la ley de sometimiento
La ponencia para el primer debate amplía el proyecto de 22 a 28 artículos, establece verificaciones previas sobre los integrantes de las estructuras ilegales y mantiene penas mínimas de 10 años para sus líderes.
