Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñó como asesor del Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció sobre las reuniones sostenidas con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar y la controversia por los borradores del denominado Pacto de Valledupar. En un comunicado publicado el 21 de octubre de 2026, el exasesor explicó que durante los encuentros circularon diferentes versiones del documento, algunas de las cuales fueron objeto de discusión y modificaciones. Sin embargo, precisó que esos textos preliminares no pueden considerarse, por sí solos, compromisos definitivos entre las partes. Según De Currea-Lugo, para determinar los acuerdos alcanzados debe revisarse el documento firmado el 24 de octubre de 2025 y posteriormente divulgado en las redes sociales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El objetivo de las reuniones con los exjefes de las AUC El exasesor sostuvo que los encuentros tenían como propósito avanzar en el cierre del proceso relacionado con las antiguas AUC, conocido como proceso de Ralito, así como organizar información sobre los presuntos vínculos políticos y económicos del paramilitarismo en Colombia. En su versión, no se buscaba obtener nuevos testimonios de los antiguos comandantes, sino recopilar y sistematizar las declaraciones que ya habían entregado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación y el sistema de Justicia y Paz. De Currea-Lugo también señaló que los exjefes paramilitares expresaron preocupación por la posibilidad de que nuevas declaraciones derivaran en investigaciones penales en su contra. Niega órdenes de Petro contra dirigentes políticos Uno de los aspectos más sensibles de la controversia tiene que ver con las denuncias sobre una supuesta instrucción para que los antiguos comandantes entregaran declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Frente a estos señalamientos, De Currea-Lugo negó haber recibido instrucciones de Gustavo Petro para buscar testimonios contra esas figuras políticas o contra cualquier otra persona. El exasesor aseguró que tampoco adelantó gestiones con ese propósito y rechazó que se le atribuyan actuaciones que, según su versión, no ocurrieron durante las reuniones en las que participó. Su pronunciamiento se conoce en medio de las denuncias divulgadas por Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, y de las declaraciones de Salvatore Mancuso sobre los encuentros con antiguos jefes paramilitares. La discusión sobre el Pacto de Valledupar se mantiene alrededor del contenido de los documentos preliminares, los compromisos que finalmente quedaron consignados y los alcances de las conversaciones entre representantes del Gobierno Petro y exintegrantes de las AUC.

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