Seis personas salen de Hacienda por fallas en el trámite del Presupuesto de 2027

La controversia por los errores en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 comenzó a tener consecuencias dentro del Gobierno. Una persona presentó su renuncia y cinco contratos de prestación de servicios fueron terminados en el equipo de enlace del Congreso del Ministerio de Hacienda. Estas seis salidas se conocen después de que el Ejecutivo expidiera por decreto el presupuesto para el próximo año, tras detectar diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. La crisis también derivó en la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara su renuncia. Salidas en el equipo legislativo de Hacienda Las decisiones afectaron al equipo encargado de las relaciones y el seguimiento de los asuntos legislativos en el Ministerio de Hacienda. Los movimientos se producen en medio de los cuestionamientos por la revisión y consolidación de los documentos aprobados durante el trámite presupuestal. La controversia se centró en las diferencias entre las versiones del proyecto que pasaron por las dos cámaras del Congreso. Las inconsistencias impidieron completar el procedimiento legislativo ordinario y obligaron al Gobierno a recurrir a un decreto para establecer las partidas presupuestales de 2027. El episodio también abrió interrogantes sobre los mecanismos de control y la coordinación entre las dependencias gubernamentales responsables de acompañar las discusiones en el Legislativo. Rodrigo Lara defendió su gestión y se apartó de la responsabilidad por los textos La crisis también tuvo repercusiones en el Ministerio del Interior. Rodrigo Lara dejó el cargo después de que el presidente Abelardo de la Espriella le solicitara la renuncia. En su carta de salida, el exministro cuestionó que se le atribuyeran responsabilidades por las inconsistencias en los documentos presupuestales. Según explicó, la revisión, el cotejo y la compilación de los textos no correspondían a las funciones de su cartera. Lara sostuvo que el Ministerio del Interior había cumplido su labor de interlocución con el Congreso y de acompañamiento a las bancadas durante las discusiones legislativas. Su salida puso de manifiesto las diferencias dentro del Gobierno sobre las responsabilidades de las entidades que participaron en el trámite del presupuesto. ¿Qué ocurrió durante la aprobación del presupuesto? El origen de la controversia estuvo en el artículo 65 del proyecto presupuestal. Durante la discusión en el Senado se retiró una proposición relacionada con esa disposición, pero el cambio habría quedado incorporado en el documento posteriormente aprobado por la Cámara de Representantes. La diferencia entre las versiones aprobadas por ambas corporaciones generó dificultades para completar la conciliación de los textos dentro del plazo legal. Ante este escenario, el Gobierno decidió aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece las reglas para determinar el presupuesto cuando no se aprueba dentro del plazo correspondiente. El Ejecutivo aseguró que recibió los documentos y las certificaciones del Congreso necesarias para expedir el decreto, tomando como referencia el proyecto presentado por el Gobierno y las modificaciones aprobadas durante el primer debate. Presupuesto de 2027 quedó fijado en $634,9 billones Mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, el Gobierno estableció el Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634,9 billones. La distribución contempla $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda pública y $88,14 billones para inversión. Entre los sectores con mayores asignaciones se encuentran Educación, con $93 billones; Salud y Protección Social, con $81,56 billones; Defensa y Policía, con $74,9 billones, y Trabajo, con $67,42 billones, incluidos los recursos destinados a obligaciones pensionales. Por su parte, Transporte contará con $21,67 billones, mientras que Minas y Energía tendrá una asignación de $7,51 billones. De acuerdo con las cifras del proyecto citadas en la información original, el monto total aumenta cerca del 14,2 % frente a 2026. Sin embargo, la inversión registra una disminución del 2,8 %, mientras que el servicio de la deuda aumenta un 54,7 %. Recursos adicionales quedaron por fuera del decreto La decisión de establecer el presupuesto mediante decreto dejó por fuera algunas partidas adicionales que habían sido planteadas durante las discusiones posteriores en el Congreso. Entre los recursos que no se incorporaron figuran $3 billones adicionales para el aseguramiento en salud y otros $3 billones para subsidios de energía eléctrica y gas. También quedaron excluidos recursos destinados a programas sociales y al subsidio de las tasas de interés de los créditos del Icetex. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presupuesto no incorporaría el recorte adicional de $11.402 millones que se había planteado. No obstante, se mantendría la reducción de $170.000 millones aprobada durante el primer debate para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Estos cambios reflejan el impacto de mantener la distribución presupuestal aprobada en la primera etapa del trámite, sin incorporar las modificaciones posteriores que quedaron en medio de la controversia. Gobierno prepara una iniciativa de rescate fiscal Tras expedir el presupuesto, el Gobierno anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley de rescate fiscal con el propósito de buscar alternativas para ordenar las finanzas públicas. La iniciativa se plantea en un contexto de dificultades fiscales y de discusión sobre las fuentes de financiación del gasto estatal. El presupuesto de 2027 entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. Su expedición por decreto representa, según los antecedentes citados en la información original, la tercera ocasión desde 1991 en que un Gobierno colombiano recurre a este mecanismo. Los precedentes mencionados corresponden a 1991, durante la administración de César Gaviria, y al presupuesto de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Por ahora, la controversia deja seis salidas en el equipo de enlace legislativo de Hacienda y la renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior, mientras continúan los interrogantes sobre los controles aplicados a los documentos presupuestales y la coordinación institucional durante el trámite.