El Gobierno nacional oficializó un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026 mediante el Decreto 1585 del mismo año. La medida reduce los recursos disponibles para ministerios, agencias y otras entidades estatales durante los últimos meses de la vigencia. Aunque inicialmente se había anunciado un ajuste de $21,9 billones, la reducción finalmente quedó en $13,8 billones, distribuida entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y recursos destinados a compromisos de contratación que no se ejecutarían o que no se consideran prioritarios. Según el Ministerio de Hacienda, el ajuste busca contener el gasto público mediante la reducción de contratos de prestación de servicios, la eliminación de compras consideradas innecesarias y la revisión de compromisos presupuestales pendientes de ejecución. Las entidades con mayores recortes presupuestales La Aeronáutica Civil encabeza la lista de entidades con mayores disminuciones presupuestales, seguida de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Rama Judicial. De acuerdo con las cifras divulgadas, estas son las entidades con los mayores recortes: Aeronáutica Civil: $949.143 millones. Registraduría Nacional del Estado Civil: $775.000 millones. Rama Judicial: $696.496 millones. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones. Ministerio del Trabajo: $269.814 millones. Ministerio del Interior: $261.862 millones. Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones. Superintendencia de Notariado y Registro: $258.610 millones. Ministerio de Hacienda: $251.880 millones. Estas diez entidades concentran una parte significativa de las reducciones presupuestales reportadas por el Gobierno. Otras entidades también tendrán menos recursos El ajuste presupuestal también cobija a otras instituciones del Estado. Entre ellas se encuentran el Departamento Nacional de Planeación, con una reducción de $249.550 millones, y la Presidencia de la República, con $191.670 millones menos. A esta lista se suman el Ministerio de Minas y Energía, con un recorte de $180.860 millones; la Procuraduría General de la Nación, con $160.000 millones; la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con $155.380 millones, y la Superintendencia Nacional de Salud, con $117.580 millones. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también figura entre las entidades afectadas, con una reducción reportada de $19.743 millones. Las disminuciones hacen parte de la estrategia del Ejecutivo para ajustar el gasto público y adecuar las apropiaciones presupuestales a las necesidades fiscales del país. ¿Cómo se distribuye el recorte de $13,8 billones? El Ministerio de Hacienda explicó que la reducción presupuestal se distribuye en tres grandes componentes: Funcionamiento: $3 billones menos, mediante la revisión de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras consideradas innecesarias. Servicio de la deuda: una reducción de $4 billones, atribuida a mejores condiciones cambiarias. Contratación e inversión no ejecutada o no prioritaria: $6,8 billones correspondientes a compromisos que no alcanzarían a ejecutarse o que no responden a las prioridades establecidas por el Gobierno. Con este ajuste, el Ejecutivo busca reducir las presiones sobre las finanzas públicas y contener el gasto durante lo que resta de 2026. No obstante, el impacto de los recortes dependerá de la naturaleza de las partidas afectadas y de la capacidad de cada entidad para reorganizar sus compromisos sin comprometer el cumplimiento de sus funciones.

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