Cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron denunciados penal y disciplinariamente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones y el pago de sus salarios. La denuncia señala a Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Patricia Linares y Danilo Rojas, integrantes de la Sala de Apelación de la jurisdicción, quienes, según el denunciante, habrían recibido sus remuneraciones durante varios años sin resolver apelaciones de sentencias de primera instancia. El documento sostiene que la situación se habría prolongado durante aproximadamente siete años, desde la creación de la JEP en 2018 hasta finales de 2025, cuando la Sala comenzó a recibir los primeros casos de apelación mencionados en la denuncia. Sin embargo, los señalamientos corresponden a los argumentos del denunciante y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Los cuestionamientos a la Sala de Apelación Uno de los principales argumentos de la denuncia es que los magistrados habrían permanecido durante años sin recibir casos para resolver en segunda instancia, pese a continuar devengando sus salarios y contar con personal de apoyo en sus despachos. Según el documento, los cinco funcionarios habrían dispuesto de una planta de 11 colaboradores, entre magistrados auxiliares, profesionales especializados, personal judicial y un conductor. El denunciante cuestionó que los integrantes de la Sala no hubieran apoyado de manera suficiente las labores de otras salas o secciones de la JEP mientras esperaban la llegada de procesos de su competencia. La denuncia también plantea interrogantes sobre la utilización de los recursos públicos destinados al funcionamiento de estos despachos y el aprovechamiento de la capacidad institucional durante ese periodo.
¿Cuándo comenzó a recibir casos la Sala de Apelación? De acuerdo con el documento, la Sala de Apelación empezó a desarrollar formalmente sus labores relacionadas con la resolución de recursos contra sentencias de primera instancia a finales de 2025. El denunciante relaciona ese momento con dos decisiones judiciales emitidas en septiembre de ese año: una correspondiente al macrocaso 01, relacionado con la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad atribuidas a las extintas Farc, y otra vinculada al macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como falsos positivos. La denuncia también cuestiona las actividades administrativas desarrolladas por los magistrados durante el periodo anterior a la recepción de esos recursos judiciales. En particular, el documento pone en duda el alcance de las sentencias interpretativas conocidas como Senit, expedidas por la JEP para unificar criterios jurídicos sobre la interpretación y aplicación de las normas de su competencia. El denunciante considera que estas decisiones no equivaldrían a la resolución de apelaciones contra sentencias de primera instancia y cuestiona su volumen frente al tiempo transcurrido. Solicitan investigar posibles delitos contra la administración pública En la denuncia se solicita investigar a los cinco magistrados por la posible comisión de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. La presentación del documento no significa que los funcionarios hayan sido declarados responsables de alguna conducta delictiva. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos suficientes para iniciar las actuaciones correspondientes y establecer si hubo irregularidades. El caso abre un nuevo debate sobre el funcionamiento de la JEP, la asignación de responsabilidades entre sus salas y secciones y el uso de los recursos públicos destinados a la administración de justicia. Por ahora, los señalamientos deberán ser examinados dentro de los procedimientos legales correspondientes, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia de los magistrados denunciados.