El caso de Deicy Jiménez se ha convertido en una prueba política para el Pacto Histórico, que enfrenta cuestionamientos sobre la coherencia entre los principios que ha defendido públicamente y la manera en que sus integrantes responden ante las denuncias que involucran a sus principales figuras. La controversia tomó mayor fuerza tras la divulgación de conversaciones entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez, que, según la información publicada por Revista CAMBIO, apuntarían a una solicitud personal del entonces mandatario para gestionar un contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior. A esto se sumaron las fotografías que mostrarían a Jiménez vinculada al entorno de trabajo de la senadora María José Pizarro cuando esta ocupaba la Vicepresidencia del Senado. Pizarro reconoció que Jiménez tuvo un contrato con esa dependencia, pero negó que hubiera formado parte de su Unidad de Trabajo Legislativo. La dimensión política del escándalo también se refleja en la reacción de la bancada. De aproximadamente 65 congresistas del Pacto Histórico, solo seis se habían pronunciado públicamente antes del viernes. La colectividad negó que existiera una directriz para guardar silencio, aunque la escasa cantidad de pronunciamientos abrió interrogantes sobre la posición de sus representantes frente a la controversia. Por su parte, Iván Cepeda y la bancada de mujeres del movimiento difundieron comunicados en los que insistieron en la defensa de los principios y la transparencia, sin expresar un respaldo irrestricto a Petro ni cuestionar directamente su liderazgo. El episodio adquiere especial relevancia porque el Pacto Histórico se prepara para celebrar su primer congreso nacional, un encuentro que estará presidido por Gustavo Petro, quien continúa siendo la principal figura política de la organización. La reunión será un escenario determinante para medir la capacidad del movimiento de responder a las controversias internas, defender sus postulados y establecer una posición frente a los cuestionamientos que afectan a sus dirigentes. El desafío para el Pacto Histórico será demostrar que sus principios de transparencia y responsabilidad política también se aplican cuando las denuncias involucran a figuras de su propio proyecto político.

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