La Ley de Sometimiento a la Justicia superó su último trámite en el Congreso de la República. Después de más de 15 horas de discusión en la Cámara de Representantes, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella recibió el respaldo de las dos corporaciones legislativas y quedó lista para pasar a sanción presidencial. En la Cámara, el proyecto fue aprobado con 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 57 votos positivos y 24 negativos. Con este resultado, el Ejecutivo consigue avanzar en una de sus principales apuestas para modificar la estrategia estatal frente a las organizaciones criminales. Durante la discusión en la Cámara se reabrió el artículo segundo para ajustar su redacción y adoptar exactamente el texto avalado previamente por el Senado. La decisión permitió unificar el articulado y evitar que la iniciativa tuviera que regresar a una comisión de conciliación. El proyecto establece un marco jurídico para que integrantes de estructuras criminales puedan someterse a la justicia, siempre que cumplan las condiciones definidas por el Estado. El mecanismo contempla tratamientos penales diferenciados, sujetos a compromisos y obligaciones por parte de quienes busquen acogerse a sus disposiciones. Mayores exigencias para las estructuras criminales Uno de los principales ajustes introducidos durante el trámite legislativo tiene que ver con los delitos de lavado de activos. El tiempo mínimo de pena que deberá cumplirse para acceder al tratamiento penal diferenciado aumentó de uno a seis años. Asimismo, quedaron excluidas de estos beneficios las personas condenadas por reclutamiento ilícito de menores o responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a las estructuras criminales. El Congreso también eliminó la posibilidad de utilizar recursos de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para estos procesos y estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir sus costos económicos. La coordinación estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Otro de los puntos aprobados determina que quienes se sometan deberán permanecer en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En materia de sanciones, la ley contempla una pena mínima de 10 años para quienes hayan desempeñado funciones de mando dentro de las organizaciones criminales. Las reducciones serán diferenciadas de acuerdo con el nivel de responsabilidad: hasta el 50 % para integrantes de base y el 30 % para los cabecillas. Reacciones políticas y el fin de la paz total La aprobación desató pronunciamientos de diferentes sectores políticos, especialmente por el contraste que representa la nueva legislación frente a la política de paz total implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, calificó la decisión como un gran día para Colombia y sostuvo que con esta iniciativa termina el esquema de beneficios que, a su juicio, favoreció a las organizaciones criminales durante la anterior administración. Por su parte, Daniel Briceño, coordinador ponente del proyecto en la Cámara, celebró el resultado de la votación y aseguró que «la paz total de Petro llegó a su fin y esa es una gran noticia para el país».
El representante Víctor Manuel Salcedo también destacó la aprobación de la iniciativa y señaló que la ley establece una nueva hoja de ruta para la política de seguridad y justicia durante los próximos cuatro años. El presidente Abelardo De La Espriella celebró el resultado a través de sus redes sociales con el mensaje: «¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!». Además, reconoció la gestión del ministro de Justicia, Iván Cancino, y agradeció al Congreso por el respaldo a la propuesta. El mandatario fue más allá y aseguró que «la falsa paz total llegó a su fin», presentando la aprobación como un cambio de rumbo en la estrategia del Estado para enfrentar a las estructuras criminales. Con el aval de Senado y Cámara, el proyecto concluyó su recorrido legislativo y quedó en manos del presidente De La Espriella, quien deberá sancionarlo para que se convierta formalmente en ley de la República.