¿Qué viene tras la aprobación de la ley de sometimiento de Abelardo De La Espriella?

El Congreso de la República aprobó la ley de sometimiento a la justicia, una iniciativa que representa un cambio de fondo en la manera como el Estado colombiano enfrentará a las organizaciones armadas ilegales. Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca cerrar la posibilidad de establecer negociaciones políticas con estructuras criminales y concentrar los esfuerzos en su sometimiento ante las autoridades judiciales. La nueva legislación establece que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas deberán acogerse a las condiciones de la justicia para acceder a eventuales beneficios en sus penas. De lo contrario, el Estado mantendrá las acciones militares y policiales para combatirlas. Con la aprobación de esta ley, la administración de De La Espriella también marca distancia frente a la política de 'Paz Total' impulsada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro, que intentó desarrollar conversaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas y que terminó enfrentando cuestionamientos por sus resultados en materia de seguridad. Entre las estructuras que quedarían por fuera de cualquier negociación política se encuentran el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Una negociación de carácter judicial El nuevo modelo no elimina cualquier posibilidad de acercamiento, pero modifica sus condiciones. En adelante, los eventuales acuerdos tendrán un carácter estrictamente jurídico y estarán sujetos a los mecanismos establecidos en la ley. Así lo explicó Jorge Mantilla, investigador en conflicto y profesor de la Universidad del Rosario, quien considera que se abre una nueva etapa en la relación del Estado con las organizaciones armadas. Según el académico, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia tendrán un papel determinante en estos procesos. Desde el Congreso, los promotores de la iniciativa defendieron que no se trata de un acuerdo de paz ni de una negociación política. El senador Hernán Cadavid, uno de los ponentes del proyecto, señaló que el mecanismo no contempla la suspensión de órdenes de captura ni la interrupción de procesos de extradición. El desafío de transformar los territorios Uno de los principales retos de la nueva política será determinar qué ocurrirá con los programas sociales y los compromisos territoriales que durante años estuvieron vinculados a los procesos de negociación. Las organizaciones armadas han fortalecido su capacidad económica mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. Estas economías se han convertido en una fuente fundamental de financiación y control territorial, lo que representa un desafío adicional para las autoridades. Mantilla advirtió que el Gobierno tendrá que definir una nueva estructura institucional para garantizar la continuidad de iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los compromisos pendientes del Acuerdo de Paz de 2016 y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Con la aprobación de la ley, Colombia entra en una nueva etapa de su política de seguridad. El reto del Gobierno será demostrar que el sometimiento a la justicia puede traducirse en una reducción efectiva de la violencia y en mayor control institucional sobre los territorios.