El manejo de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud (EBS), una de las principales apuestas del modelo de atención preventiva impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, quedó en el centro de las investigaciones de la Contraloría General de la República. El organismo de control identificó dificultades para establecer cómo se utilizaron los recursos y cuál fue el alcance real de esta estrategia en las comunidades beneficiarias. De acuerdo con un informe de la Contraloría, revelado por Noticias RCN, entre diciembre de 2022 y junio de 2026 se asignaron más de $4,1 billones a 2.927 entidades para financiar el funcionamiento de estos equipos. De ese monto, los pagos se acercaron a los $3,9 billones, mientras que los compromisos reportados apenas alcanzaron los $1,5 billones. El reporte también registra reintegros por $15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones. Estas cifras encendieron las alertas sobre la capacidad de las entidades responsables para ejecutar los recursos y demostrar que el dinero cumplió con los objetivos establecidos. Uno de los aspectos más preocupantes del informe tiene que ver con la cobertura. La Contraloría encontró indicios de que los equipos financiados habrían llegado a menos del 40 % de la población que inicialmente se proyectaba atender. Esto plantea interrogantes sobre los resultados de una estrategia que recibió millonarias inversiones durante el anterior gobierno. Los Equipos Básicos de Salud fueron concebidos para llevar servicios médicos directamente a los hogares, especialmente en zonas rurales y territorios con dificultades de acceso al sistema sanitario. Estaban integrados por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, encargados de identificar riesgos, desarrollar actividades de prevención y conectar a las familias con los servicios de salud. Las alertas venían desde años anteriores Las dudas sobre la ejecución de este programa ya habían sido objeto de cuestionamientos. En diciembre de 2025, se conoció que, según los registros de la plataforma del Ministerio de Salud, la ejecución de los recursos asignados a los EBS se ubicaba en apenas el 16,9 %, equivalente a unos $1,4 billones. A estas dificultades se sumó una advertencia del investigador Johnattan García, quien señaló que solamente el 20 % de los equipos que recibían pagos reportaban información al Ministerio de Salud, una situación que dificultaba verificar su funcionamiento y los resultados de sus actividades. Las diferencias también quedaron expuestas en las regiones. En octubre de 2026, durante un debate de control político en la Asamblea de Antioquia, se conoció que al departamento se destinaron más de $659.000 millones para este programa entre 2022 y 2026. Mientras Petro sostenía que en Antioquia funcionaban alrededor de 1.200 equipos, el Ministerio de Salud reportó 648 en operación con corte al 31 de marzo de 2026. En ese mismo escenario, la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Johana Solano, cuestionó la falta de resultados medibles en los indicadores sanitarios del departamento y advirtió sobre la ausencia de lineamientos suficientemente claros para evaluar el desempeño de los equipos. Hospitales también advierten dificultades financieras Las preocupaciones por el manejo de los recursos trascendieron los problemas de ejecución y llegaron a las instituciones hospitalarias. En San Andrés y Providencia, la interventora del Hospital Departamental, Marjorie Englehard Archbold, manifestó que no estaban garantizados los recursos necesarios para responder por las obligaciones económicas relacionadas con los Equipos Básicos de Salud. La funcionaria advirtió que no se comprometerían pagos sin tener certeza de la disponibilidad de los fondos, lo que evidenció las dificultades financieras que también enfrentan algunas instituciones encargadas de desarrollar esta estrategia. Contraloría cuestiona la calidad de la información Otro de los puntos señalados por el organismo de control es la debilidad de los registros utilizados para hacer seguimiento al programa. Según el informe, existen problemas de calidad, oportunidad y consistencia en la información suministrada por las entidades a plataformas como el SECOP, el SIAPS y el SISPRO. Estas deficiencias dificultan establecer con precisión cuántos equipos funcionaron, qué actividades realizaron, a cuántas personas atendieron y cuál fue el impacto de los recursos invertidos. Por ahora, las alertas de la Contraloría dejan bajo cuestionamiento la ejecución de una de las principales apuestas sanitarias del gobierno Petro. El reto para los organismos de control será establecer el destino de los recursos, verificar las obligaciones de las entidades beneficiarias y determinar si los miles de millones invertidos se tradujeron realmente en una mayor atención para los colombianos. La pregunta que permanece abierta es si los billones destinados a llevar médicos a los territorios cumplieron su propósito o si buena parte de esa inversión terminó sin resultados verificables.

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