El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó la decisión de un juez de Medellín que compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Abelardo De La Espriella por las expresiones que utilizó al confrontar a Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay. El pronunciamiento del funcionario se produjo luego de que el juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín ordenara enviar a prisión a Uñates López y, durante la diligencia judicial, dispusiera remitir copias para que se examine la conducta del jefe de Estado por el trato que le dio al capturado. A través de un mensaje público, el Ministerio del Interior rechazó la determinación y consideró contradictorio que se cuestione al presidente por sus declaraciones frente a una persona señalada de graves hechos criminales. “El mundo al revés”, expresó la cartera política, al defender la reacción del mandatario y cuestionar que sus palabras puedan convertirse en motivo de una investigación.

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La decisión judicial también provocó reacciones en sectores políticos. El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, respaldó las declaraciones del presidente y sostuvo que alias Primo Gay debe ser señalado públicamente por los crímenes que se le atribuyen. Uñates López es señalado de tener una trayectoria criminal vinculada a estructuras armadas ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según la información presentada por la Fiscalía, fue judicializado por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple y conductas relacionadas con armas, explosivos y uso ilegal de uniformes e insignias. Durante su pronunciamiento sobre la captura, De La Espriella cuestionó duramente al detenido y lo relacionó con asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública y otros hechos violentos registrados en Antioquia. El mandatario aseguró que el historial delictivo de Uñates López se remonta a más de una década y manifestó que los responsables de atacar a policías, soldados y civiles no pueden quedar en la impunidad. La controversia ahora se concentra en los alcances de la decisión del juez y en el eventual trámite que pueda adelantar la Comisión de Acusación. La compulsa de copias no significa que el presidente haya sido declarado responsable de alguna conducta, sino que pone los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que determine si hay lugar a una investigación.

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