El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso bajo la lupa el manejo de los recursos públicos destinados a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) durante la administración del expresidente Gustavo Petro. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, presentó un informe en el que expuso presuntas irregularidades financieras, contractuales y operativas relacionadas con estos espacios creados en el marco de los procesos de paz. Uno de los casos que genera mayores cuestionamientos se encuentra en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, donde el Gobierno anterior habría destinado más de $13.000 millones para el funcionamiento y adecuación de una de estas zonas. Sin embargo, según las denuncias presentadas por el funcionario, las auditorías identificaron posibles sobrecostos en logística e infraestructura, además de inconsistencias en la ejecución de los recursos. Ríos cuestionó que, pese a los millonarios desembolsos, no se habría consolidado una legalización efectiva de los gastos. También señaló que algunos recursos habrían terminado financiando actividades que no corresponden con los propósitos institucionales de estos espacios. Entre los hechos mencionados por el director del Dapre figuran la realización de fiestas, eventos propios de fincas recreativas y presuntas sesiones de espiritismo. A esto se suman señalamientos sobre consumo de sustancias y la presencia de menores de edad en las instalaciones. «Los recursos públicos no pueden seguir siendo malgastados en fiestas ni en usos ajenos al propósito institucional de tránsito a la legalidad», manifestó Ríos al presentar los cuestionamientos sobre la administración de estos espacios. El funcionario también indicó que la Contraloría General de la República adelanta las investigaciones correspondientes para establecer si existieron irregularidades y determinar posibles responsabilidades fiscales o administrativas. Frente a este panorama, la Presidencia anunció que revisará la destinación de los recursos estatales para las Zonas de Ubicación Temporal y evaluará las condiciones bajo las cuales continuarán funcionando. Ríos aseguró que la actual administración no financiará ni prorrogará iniciativas en las que se compruebe un uso inadecuado del dinero público. Asimismo, sostuvo que las personas interesadas en avanzar hacia la legalidad cuentan con los mecanismos institucionales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). El caso vuelve a poner en discusión el manejo de los recursos destinados a la política de paz del Gobierno Petro y plantea interrogantes sobre la vigilancia, ejecución y resultados de las millonarias inversiones realizadas en los territorios. Las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas por los organismos de control.

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