La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de varias entidades del Estado, tras las denuncias de Deicy Jiménez sobre la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Gustavo Petro. La actuación disciplinaria busca establecer si se presentaron posibles extralimitaciones en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género, así como irregularidades administrativas relacionadas con la contratación pública. De acuerdo con el documento conocido el 26 de octubre de 2026, la indagación involucra a funcionarios por identificar del Congreso de la República, la Dirección General Administrativa, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se produjo después de que Jiménez expusiera sus denuncias en una entrevista difundida por la revista Semana, en la que señaló la presunta existencia de una red de mujeres vinculadas mediante contratos estatales con propósitos diferentes a las necesidades del servicio público. La Procuraduría advirtió que los hechos denunciados podrían involucrar conductas de violencia de género y posibles irregularidades en la celebración y ejecución de contratos. Sin embargo, precisó que es necesario identificar plenamente a los posibles responsables y determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos. Procuraduría solicita pruebas y documentos Como parte de las primeras diligencias, el organismo de control solicitó a Semana entregar, en un plazo de tres días desde la comunicación del requerimiento, una copia completa de la entrevista publicada el 25 de octubre de 2026, así como los datos de identificación y contacto de Deicy Jiménez. Además, ordenó verificar si la denunciante ha tenido contratos de prestación de servicios con entidades estatales desde 2019 hasta la fecha. En caso afirmativo, deberán remitirse las certificaciones laborales correspondientes, copias de los contratos y detalles de las funciones desempeñadas. La entidad también pidió identificar a las personas que suscribieron esos contratos e informar si la vinculación de Jiménez se produjo mediante una modalidad diferente a la contratación por prestación de servicios. La práctica de las pruebas fue asignada a la abogada Lourdes Paola Redondo Barraza, quien podrá adelantar otras diligencias que surjan durante el desarrollo de la actuación. Con esta indagación, la Procuraduría busca esclarecer los hechos denunciados, establecer si existieron faltas disciplinarias e individualizar a los posibles responsables. Por ahora, se trata de una etapa preliminar y la apertura de la actuación no constituye una declaración de responsabilidad contra los funcionarios involucrados.
Procuraduría abre indagación por presunta instrumentalización de mujeres durante el gobierno Petro
La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en contratos estatales y conductas relacionadas con acoso y violencia de género, tras las denuncias de Deicy Jiménez.
